Los empresarios de Grand Coral desviaron a 41 cuentas en Andorra los créditos de la CAM

Sede de la CAM en Alicante en el momento de producirse los hechos investigados. / LP
Sede de la CAM en Alicante en el momento de producirse los hechos investigados. / LP

Juan Ferri y José Baldó enviaban el dinero fuera de España y lo utilizaban en sociedades de paraísos fiscales

Á. MOHORTE VALENCIA.

Los empresarios Juan Ferri y José Baldó llegaron a tener 41 cuentas en los bancos andorranos AndBank y Banca Privada d'Andorra en los que repartieron la mayor parte de los 380 millones de euros que obtuvieron de la CAM para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el Caribe con la sociedad Valfensal. Así lo recoge el sumario del caso sobre estos dos investigados también por el caso Grand Coral, un proyecto independiente que mantenían con el Banco de Valencia y Bancaja.

El documento, al que tuvo acceso la Cadena Ser tras levantarse el secreto impuesto por el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, incluye cómo la policía del país pirenaico señaló en un informe cómo los empresarios habrían operado desde allí por medio de «un entramado de sociedades mercantiles instrumentales o sin actividad comercial en Panamá y las Antillas Holandesas», ambos países considerados paraísos fiscales. Los agentes estiman que la razón no era otra que «ocultar los fondos y activos así como para dificultar la localización o identificación de las operaciones que realizaban».

En ocasiones se producían salidas de efectivo de hasta dos millones de euros y tranferencias de cantidades muy superiores a destinos como Curaçao, otro paraíso fiscal, entre los años 2008 y 2013. Es entonces cuando les fueron concedidos los créditos de la CAM que están bajo sospecha.

Hay registradas salidas de efectivo de hasta dos millones y transferencias a Panamá o Curaçao

Concretamente, la Fiscalía Anticorrupción considera que la mayor parte de aquellos créditos se concedieron de forma «irregular», sin contar con «información suficiente» respecto a la viabilidad de los proyectos , al igual que sin disponer de un informe de tasación de los terrenos adquiridos ni estudios de mercado. Cuando esos créditos no pudieron ser devuelto, Anticorrupción destaca cómo los empresarios disfrutaros de una «ventajosas» condiciones de refinanciación.

A pesar de todo ello, la víspera de la pasada Nochebuena la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela archivaba provisionalmente la causa contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por presunta apropiación indebida y administración desleal, en relación con estas operaciones.

La magistrada asumió el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y acordó limitar las pesquisas por supuesto delito fiscal a Baldó y Ferri, al exdirector económico de Valfensal Francisco Climent, y al asesor Jaime Escribá, quien habría defendido la legalidad de las sociedades pantalla en Curaçao para canalizar los beneficios del grupo. El dinero defraudado puede haber alcanzado los 11,6 millones, según la fiscal. No acepta esta decisión el Fondo de Garantía de Depósitos que tiene recurrido el archivo decidido por la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional.

El origen de la investigación se remonta a 2012, a raíz de la querella presentada por el Fondo de Garantía de Depósitos tras conocer el informe de Deloitte sobre las operaciones de la CAM con Valfensal, de la que la caja poseía el 30%; que desveló la existencia de múltiples irregularidades, constitutivas de delitos de apropiación indebida y blanqueo, entre otros.

Según el documento, Ferri y Baldó constituyeron un entramado de una treintena de sociedades, alguna de las cuales estaban radicadas en paraísos fiscales, gracias en parte a la financiación sin condiciones de la caja. Inicalmente se apuntó que supuestamente contaban con el apoyo del ex director general Roberto López Abad, aunque con la última decisión de Lamela quedó apartado del caso.

Tras valorar los peritajes y la prueba documental, desde la Audiencia Nacional se sostiene que no existió «un perjuicio para la CAM y por consiguiente para el FGD, procedente del impago efectivo de los créditos». De este modo, suscribe la versión de la fiscalía sobre la «imposibilidad de evaluar el perjuicio económico resultado de las cinco operaciones a las que se refiere la querella» e incluso, de determinar si realmente se produjo dicho daño.

En la operación Mare Nostrum fueron detenidos, además de los dos empresarios y López Abad, el ex director general de Empresas de la CAM Daniel Gil, por su «papel esencial» en las negociaciones con Valfensal, y el exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja César Veliz.

En opinión de los investigadores, Ferri y Baldó crearon una estructura fiscal apoyada en Escribá, autor de varios informes con los que los gestores de la CAM avalaron la legalidad de la sociedad ante los órganos de control, habilitando así líneas de financiación superiores a los 160 millones de euros para el grupo.

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