El director del IVF defiende ante el juez que acabó con el fraccionamiento de contratos

El director general del IVF, Manuel Illueca, en su despacho. / j. monzo
El director general del IVF, Manuel Illueca, en su despacho. / j. monzo

Illueca y su antecesora con el Gobierno del PP son investigados por renovar mensualmente a una empresa de informática desde 2013 y hasta junio

Á. M.

Valencia. El director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, ha declarado como investigado por fraccionamiento ilegal de contrato que se habrían iniciado en 2013 y continuaron hasta el mes de junio. Se trata de asistencia informática para el servicio de certificación de firma electrónica que utiliza el personal de la Generalitat, como los médicos del servicio público de salud.

Illueca asegura que, después de estar cuatro meses en el cargo y tras conocer que el sistema era cuestionado por la Sindicatura de Comptes, decidió prescindir de la responsable de estas contrataciones antes de iniciar el procedimiento administrativo para corregir la situación y contratar estos servicios según la normativa.

El alto cargo defiende que, después de tramitar y completar diferentes procedimientos burocráticos, que incluyeron la elaboración de la memoria justificativa para la nueva contratación del servicio (con fecha del 17 de mayo de 2016), el IVF publicó el 14 de febrero de este año los pliegos de condiciones para la licitación de un concurso público abierto que terminó por adjudicar el servicio a la misma empresa que hasta entonces había sido renovada mensualmente.

Sin embargo, esta vez fue por el periodo de un año, prorrogable otro más, y por un importe anual de 250.000 euros, sin contar el IVA. Este proveedor fue el único que presentó oferta tras la publicación de la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea el 1 de abril pasado y la inclusión del anuncio en el Perfil del Contratante del IVF y en la Plataforma de Contratación del Estado.

Illueca ha sido el primer miembro del Consell en ser llamado a declarar en la condición que anteriormente se denominaba imputado. Junto a él también se investiga a su antecesora con el último gobierno del PP, Mariona Roger, aunque ambos asumieron su cargo después de que de empezar a aplicar ese mecanismo irregular, concretamente en agosto de 2014 y en junio de 2015, respectivamente.

Desde el IVF se reitera que, de haber actuado de forma abrupta, por ejemplo, se habría afectado a los miles de responsables sanitarios que utilizan tarjetas criptográficas para acceder a los historiales clínicos con garantías de seguridad.

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