Competencia denuncia en otras regiones aspectos de la norma valenciana de apartamentos

Unos turistas pasan junto a unos carteles que protestan por alquileres ilegales.
Unos turistas pasan junto a unos carteles que protestan por alquileres ilegales. / Irene Marsilla

El organismo estatal carga contra las restricciones a las webs turísticas y la equiparación de particulares y empresas

Á. M. / J. M. CAMAREROValencia/Madrid

Los portales de Internet como Airbnb o Homeaway -dos de los más populares en la red- han encontrado un aliado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo estatal ha recurrido a los tribunales para actuar contra dos normativas autonómicas que limitaban los alquileres vacaciones de inmuebles destinados a la vivienda, como pretende el Anteproyecto de Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad aprobado en mayo por el Consell y que espera ser debatido en Les Corts.

Competencia ha interpuesto sendos recursos contencioso-administrativos contra los decretos de Galicia y Castilla y León al considerar que los textos legales de ambas comunidades incluyen artículos «contrarios a la competencia y a la regulación económica eficiente». No es la primera vez que Competencia actúa en este sentido porque en su momento ya presentó un recurso contra la normativa de la Comunidad de Madrid, que fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia de la región, o la de Canarias, donde el Tribunal Superior de Justicia también eliminó las restricciones a la competencia del decreto autonómico.

El anteproyecto de ley del Consell se aprobó en mayo y se encuentra en tramitación en Les Corts

Además, entre los principales puntos contra los que carga el organismo en Galicia y Castilla y León también se cuentan otras coincidencias con la futura norma valenciana y que, si no corrigen o precisan en el trámite parlamentario, pueden enfrentarse a la acción de Competencia. Se trata de las sanciones a los canales de comercialización (como las web) si los arrendadores no ofrecen el numero de inscripción en el Registro de Turismo, como incluye el artículo 89.18 del anteproyecto valenciano.

Igualmente, Competencia cuestiona la obligación de poner un distintivo en el inmueble sobre sus características y calificación; y la inclusión de los precios en catálogos, directorio, guías o sistemas informáticos que se desprenden del artículo 19 del anteproyecto, según fuentes jurídicas.

Los hoteleros acusan a la oferta ilegal de la menor ocupación

Hosbec, la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca, manifestó ayer que la oferta ilegal de alojamiento es la causa de que la ocupación haya caído un punto en la segunda quincena de agosto. Según la encuesta elaborada por el departamento de 'Big Data' de la patronal, la Costa Blanca ha registrado un 90,6% de ocupación media durante este periodo, siendo la media mensual del 91,4%. Esto supone un punto menos también respecto a 2016. «Estos números negativos tienen un mismo común denominador que comienza a hacer mella en la planta hotelera, que no es otra que los alojamientos ilegales y la economía sumergida en las viviendas», explica.

Lo mismo ocurre con la obligatoriedad de contar con unos requisitos y servicios mínimos en el inmueble vacacional o la posible intervención de la Administración para realizar recomendaciones que puedan buscar la fijación de precios de referencia, como se advierten sobre el artículo 60 del anteproyecto.

Entre los aspectos que el organismo supervisor entiende «injustificados» es la obligatoriedad de ceder la vivienda en su totalidad, llegándose a prohibir en el caso gallego y castellano leonés la cesión de habitaciones. Esta es unas las fórmulas que más han crecido con la llegada de las web de alojamientos turísticos, pero la norma valenciana resulta ambigua a la hora de regularla.

De hecho, no la especifica como «alojamiento turístico», aunque sí enumera los hoteles, los bloques y conjuntos de apartamentos turísticos, la viviendas de uso turístico, los campings, las áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas y el alojamiento turístico rural, dejando otras alternativas a que se determinen en reglamentos que se puedan elaborar en el futuro.

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