Nuevo pulso a Climent: los socialistas intentan sacar al Ivace del consejo de Parc Sagunt

La directora del Ivace, Júlia Company, y el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent.
La directora del Ivace, Júlia Company, y el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent. / lp

El conseller de Economía evitó en el último momento la salida de su principal colaboradora, Júlia Company, del consejo del polígono

ÁLVARO MOHORTE y R.E.Valencia

La guerra abierta en la Conselleria de Economía Sostenible por el reparto de poder entre socialistas y Compromís vivió la semana pasada una nueva escaramuza. En esta ocasión, el escenario fue el consejo de administración de Parc Sagunt, para el que los representantes del PSPV acordaron a principios de semana dejar fuera del organismo al Instituto Valenciana de la Competitividad Empresarial (Ivace), entidad en manos de Júlia Company, militante de Compromís y persona de estrecha confianza del conseller del ramo, Rafael Climent.

Según fuente conocedoras del episodio, la intención era sustituir a Company, presente en la entidad desde la dimisión de Mónica Cucarella como directora general de Internacionalización de la Conselleria de Economía hace ahora un año. La secretaria autonómica de Economía Sostenible, la socialista Blanca Marín, habría estado detrás de este movimiento, incumpliendo órdenes de su superior, el conseller Rafael Climent. El resultado que se buscaba era contrapesar los efectos que ha tenido el Reglamento Orgánico Funcional (ROF), aprobado en julio, y que ha reforzado a la parte de Compromís en la conselleria, según los socialistas.

Al conocerse este movimiento, el Pacto del Botánico volvió a experimentar un nuevo terremoto y el pulso interno en Economía trascendió los límites de la conselleria. Finalmente, la decisión se tuvo que rectificar y no salió adelante el relevo en la reunión del consejo del pasado viernes, aunque dejó a las claras las costuras del acuerdo de gobierno, especialmente visibles en la conselleria de Climent. A esta maniobra fallida se vincula a la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación de la Conselleria de Hacienda y presidenta de Parc Sagunt, la socialista María José Mira.

La que fuera número uno en las listas del PSPV por Valencia ocupaba hasta agosto del año pasado el puesto en el que ahora está Marín, pero tuvo que dejar esa responsabilidad tras enfrentarse al conseller Climent por la restricción de los horarios comerciales, a la que se oponía la Abogacía de la Generalitat por criterios legales.

El conseller de Hacienda, el también socialista Vicent Soler, la repescó entonces para asumir el puesto que hoy ocupa, aunque eso no significó dejar la presidencia de Parc Sagunt. Marín, que debía haberle sucedido al frente del polígono empresarial, apoyó que continuara en ese puesto. De entonces a ahora, la actual secretaria autonómica de Economía ha reforzado su vinculación al PSPV, en el que inicialmente no militaba y donde un año más tarde ha pasado a ser secretaria del Área Crecimiento y Ocupación de la ejecutiva designada hace dos semanas por Ximo Puig.

También la relevancia de Parc Sagunt ha cambiado significativamente en los últimos doce meses. Mientras que en 2016 era un recinto prácticamente vacío y con múltiples trabas administrativas para su desarrollo, todo cambió en el mes de enero de este año. La compra por parte de Mercadona de la mayor de las parcelas para instalar su principal centro logístico de España ha hecho que, en cuestión de meses, sólo quede un 20% disponible y los precios del metro cuadrado hayan subido un 6%.

Economía deja en la mitad los fondos directos para la CEV

El paso de la extinta Cierval a la nueva Confederación Empresarial Valenciana (CEV) va a tener un coste para la patronal de 1,2 millones de euros de dinero público. Se trata de la mitad de la aportación a la que tiene derecho la patronal autonómica en virtud de la Ley de Participación y Colaboración Institucional, y que satisface los gastos de formar parte de los órganos de representación público-privados de ámbito autonómico. Hasta ahora, de los 5,1 millones que se repartían iba un 25% para UGT y CC OO y el otro 50% para la patronal. CEV acepta su rebaja de asignación, pero demanda que esa se destine a las asociaciones sectoriales, mientras que la Conselleria de Economía se plantea otros fines, como reforzar presupuestariamente las políticas de riesgos laborales. Sin embargo, no faltan fuentes empresariales que temen la pérdida de ese 1,2 millones si el Economía quien los gestiona. No en vano, en 2016 sólo abonó el 8,86% de las ayudas directas a empresas, entidades y desempleados presupuestadas.

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