Climent desoyó a la Abogacía para hacer funcionarios a los trabajadores de las Cámaras

Economía llevó al Jurídic su plan de equipararlos a los empleados públicos pese a que los servicios jurídicos le advirtieron de que no podía imponerlo con un reglamento

INÉS HERRERO

Valencia. El conseller de Economía, Rafael Climent, sometió al Consell Jurídic Consultiu su plan para hacer funcionarios a los trabajadores de las Cámaras de Comercio, a pesar de que la Abogacía General de la Generalitat le advirtió dos meses antes de que «de ningún modo puede la administración tutelante imponerles una legislación que no les es de aplicación por su naturaleza jurídica, a través de un reglamento», como se pretendía en este caso.

Como publicó ayer LAS PROVINCIAS, fue el Jurídic quien dio al traste con la iniciativa de aplicar a los trabajadores de las Cámaras el régimen del personal al servicio de la administración pública, suprimida del decreto que aprobará hoy el pleno del Consell. En su dictamen, trasladó a Climent que tanto la Ley Básica de Cámaras de 2014 como la valenciana del año siguiente recogen que deben regirse por la legislación laboral y que el reglamento que desarrolla la norma autonómica no es suficiente para cambiar este punto.

No obstante, según ha podido comprobar este diario, tanto la Abogacía General de la Generalitat en su informe previo, como las Cámaras en sus alegaciones al proyecto, se habían opuesto ya a los planes de la Conselleria por el mismo motivo.

Los servicios jurídicos señalaron a Climent que las Cámaras, como órgano consultivo y de colaboración, «no participan del concepto de administración de la Generalitat ni forman parte de su sector público autonómico» y, por tanto, la legislación aplicable a su régimen de selección, disciplinario y de incompatibilidades, así como al código ético y de conducta, es la laboral vigente, no la relativa a la administración.

La Abogacía apuntó la autonomía de las Cámaras para regular estos procesos en sus respectivos reglamentos de régimen interior, como defienden estas instituciones en sus alegaciones, y sentenció que «de ningún modo puede la administración imponerles» una legislación diferente a la que atañe, a través de un reglamento. «Son entidades tuteladas, pero no dependientes», recalca tras advertirle de que «no puede obligar a las Cámaras a que sus reglamentos establezcan que el sistema retributivo e indemnizatorio» será el relativo al sector público.

Desde Economía, que el año pasado tumbó su propia restricción de la libertad horaria para no contravenir pronunciamientos de la Abogacía, en esta ocasión ignoraron su criterio y no se resignaron a aparcar el plan de hacer funcionarios a los empleados de las Cámaras de Comercio hasta que el Jurídic, con idéntico argumento, les obligó a hacerlo.

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