Uno de cada cinco parados tuvo que devolver la ayuda para emprender tras cerrar el negocio

Un profesional realiza trabajos de mejora en un automóvil. / lp
Un profesional realiza trabajos de mejora en un automóvil. / lp

Los autónomos lamentan que «muchos se lanzaron al autoempleo a la desesperada» y acabaron «sin proyecto ni fondos y con el subsidio agotado»

INÉS HERRERO VALENCIA.

Cerca de 2.500 personas han tenido que devolver a la Generalitat las ayudas públicas que obtuvieron entre los años 2010 y 2015 para salir de las listas del paro y emprender su propio proyecto empresarial, al fracasar su negocio antes de cumplir los tres años de vida.

Según los datos a los que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, prácticamente el 20% de los beneficiarios de las subvenciones para fomentar el autoempleo acabaron devolviendo una media de 5.000 euros, en su caso con recargo, después de poner fin a su aventura empresarial.

En plena crisis, «muchos emprendedores se lanzaron al autoempleo a la desesperada, como única salida, incluso sin tener un mínimo plan de negocio», lamenta Rafael Pardo, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Comunitat. Y esa situación derivó en auténticos dramas, ya que buena parte de ellos habían capitalizado su prestación de desempleo para poner en marcha el negocio, además de invertir sus ahorros, a la espera de unas ayudas públicas que podían tardar más de un año en llegar.

El Servef volverá a dar hasta 4.500 euros pero exige plan de viabilidad para «evitar disgustos»

«Lo más grave es que si no aguantaban tres años, que era un plazo excesivamente alto, no sólo tenían que devolver las ayudas, sino que muchos se veían sin fondos y con el paro agotado», subraya Pardo.

En total, 12.381 desempleados recibieron de 2.500 a 10.000 euros para hacerse autónomos entre 2010 y 2015 -en función del año y de si también eran jóvenes, mujeres o discapacitados- , con la única condición de estar inscritos en el Servef como demandantes de empleo y la obligación de mantener la actividad por cuenta propia al menos tres años.

De los 3.629 autónomos a los que concedieron unos 23 millones en 2010, 288 renunciaron antes de percibir esos fondos (1,8 millones) y a 425 se les exigió que reintegrasen en torno a 2,8 millones. La cuantía de beneficiarios subió ligeramente un año después, como el importe concedido, mientras que el número de renuncias y revocaciones se disparó a 848 y hubo 89 reclamaciones, por importe de 6,3 millones y 386.675 euros, respectivamente.

En 2012, cerca de 2.200 personas pidieron esas ayudas, 242 acabaron renunciando y a 108 se las reclamaron, mientras que un año después el número de beneficiarios cayó a la mitad, con 31 renuncias y 203 reintegros. En 2014 concedieron 486 ayudas, con apenas millón y medio a repartir, lo que elevó el número de peticiones denegadas a más de 2.000, frente a las 230 del ejercicio anterior. De ellas, seis renunciaron y otras 135 acabaron en reintegros.

La última convocatoria de las llamadas 'subvenciones de fomento del empleo dirigido a emprendedores' se saldó con 1.304 beneficiarios y más de 2.800 denegaciones tras agotar los fondos. Pese a reducir a un año la supervivencia mínima del negocio, hubo 19 renuncias y 51 reintegros de ayudas a la Generalitat, que desde 2010 reclamó cinco millones a mil personas, además de rondar las 1.500 renuncias o revocaciones por más de diez millones.

Planificación y formación

Con ese antecedente bien presente, desde el Servef están a punto de lanzar una nueva convocatoria de subvenciones para fomentar el trabajo autónomo en 2018, en la que exigirán que todo proyecto acredite su viabilidad técnica, económica y financiera para «evitar disgustos», trasladan desde este departamento.

Desde ATA valoran que se pida un plan de empresa para prever gastos e ingresos y poder hacer cambios a tiempo y aconsejan a los emprendedores una buena planificación y formación. De hecho, el Servef creará equipos específicos para ayudarles a realizar el proyecto de viabilidad que deberá validar alguna entidad del mapa del emprendimiento y optar a 2.500 euros para desempleados en general, 3.000 si tienen menos de 30 o más de 45 años, 3.500 si poseen diversidad funcional, más otros 500 si son mujeres, y 4.500 para víctimas de violencia sobre la mujer.

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