Cebrián reclama al Estado lo recaudado en derechos de emisión en la Comunitat
La titular de Agricultura quiere que los pagos de las firmas valencianas que contaminan se reinviertan con medidas frente al cambio climático
La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, reclamó ayer al Estado que no se quede con los ingresos obtenidos por la compra de derechos de emisión de gases de efecto invernadero hechos por las empresas valencianas. Su propuesta es que se devuelvan esas cantidades por medio de políticas de adaptación en bosques, en prevención de inundaciones o en defensa de la costa ante el aumento del nivel del mar.
Así lo señaló en su intervención en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, celebrado en Valencia con el patrocinio de Bankia. Además, Cebrián destacó entre los objetivos de su departamento está la lucha contra el cambio climático por medio de una estrategia propia, que pasa por una apuesta por las energías renovables, la promoción del transporte sostenible, la agricultura ecológica y dando ejemplo la Administración de eficiencia energética.
Precisamente, a la situación climática vinculó el alto riesgo de incendios forestales que acechan a la Comunitat. En ese sentido y ante los sucesos ocurridos en Portugal, compartió la necesidad de penas duras para los culpables, pero también del desarrollo de medidas de prevención que permitan que el bosque sea capaz de luchar contra el fuego, una vez que se produce.
En lo que se refiere al sector agrario, planteó un modelo de agricultura valenciana «de futuro» que sea más cercana a los consumidores, vinculada a otros sectores productivos que permita aprovechar sinergias y medidas para rejuvenecer la actividad, además de incrementar la innovación. De este modo, consideró que se puede ser capaz de dar soluciones al cambio climático, además de conseguir que los profesionales se sientan valorados.
Respecto a la falta de agua, defendió un sistema mixto de trasvases, desalación y aguas reutilizadas, pero asegurando que la Generalitat se va anegar a ser una mera observadora de lo que se decida en las confederaciones hidrográficas en Madrid, ante lo que pide un pacto del agua que contemple los intereses de cada zona.
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