El cambio legislativo para refundar Feria Valencia llega con un año de retraso y discrepancias

El conseller Vicent Soler, el alcalde Joan Ribó, el presidente de la Feria José Vicente González y el conseller Rafael Climent. / lp

El Consell inició ayer la tramitación de los decretos para asumir la deuda y organizar salones que prometió para el verano pasado

Inés Herrero
INÉS HERRERO

El cambio normativo necesario para reestructurar Feria Valencia y hacerla viable arrancó ayer, al tiempo que volvían a juntar sus manos para la foto los consellers de Hacienda, Vicent Soler, y de Economía, Rafael Climent, el alcalde Joan Ribó y el presidente del Comité Ejecutivo ferial, José Vicente González. Las diferencias entre la hoja de ruta anunciada a bombo y platillo en mayo de 2016, aprobada hace más de un mes y suscrita ayer son básicamente dos: el año de retraso con que «empieza el trabajo» para cumplirla y las discrepancias entre los socios del Consell, supuestamente zanjadas entonces, sobre si la futura gestora del negocio será mayoritariamente pública o privada.

Los protagonistas de la instantánea son los mismos que en su día contaban con tener listos, antes del pasado otoño, los decretos que inician ahora una tramitación que acabará con su convalidación en Les Corts, al menos, un año después de lo previsto. Eso sí, ayer optaron por ratificar el protocolo de intenciones en un encuentro mucho más discreto -sólo el alcalde informó a los medios de que asistiría al acto, sin convocatoria oficial de Feria ni de Generalitat-, que se saldó con una escuetísima declaración a los periodistas de José Vicente González, mientras el resto apretaba el paso, quizá para evitar preguntas incómodas sobre los escasos avances en este ámbito a raíz del enésimo enfrentamiento en el seno del Consell.

El dirigente empresarial anunció el inicio de la tramitación del decreto ley de Hacienda (PSPV) para asumir la millonaria deuda de la ampliación del recinto y de la modificación de la Ley de Comercio por parte de Economía (Compromís), a través de otro decreto que declarará las ferias de interés general autonómico para atribuir a la Generalitat la competencia de organizar certámenes, directa o indirectamente.

A partir de la entrada en la subsecretaría de su respectiva conselleria de cada decreto, que debe ir acompañado de una memoria económica, un informe justificativo y otros sobre su impacto de género y sobre la infancia, adolescencia y familia, deberán recabarse los informes pertinentes de la Abogacía y la Intervención General de la Generalitat, así como de Presupuestos, antes de enviarlo al pleno del Consell y, si prospera, a Les Corts para su convalidación en un plazo de un mes.

Además, desde Economía apuntan que un cambio normativo como este requiere informe de Presidencia y de las distintas consellerias, donde se podría plantear incluso la conveniencia de unir su decreto ley con el impulsado por Hacienda.

También habrá que disolver el Patronato y designar una comisión gestora, así como diseñar un cuaderno de venta y un plan de negocio. Cuando concluya la tramitación normativa, será el momento de iniciar el diálogo competitivo con los operadores privados interesados en participar en la futura gestora del negocio, todavía sin saber si tendrían el control o no, ya que desde la administración se insiste en que esa controvertida cuestión dependerá también de las ofertas que reciban.

Esa búsqueda de socios privados, con la elaboración del pliego de condiciones pertinente, estaba prevista para el verano de 2016 pero, si se cumplen los nuevos plazos, difícilmente llegará antes de otoño.

Para más adelante, quedaría pendiente la constitución de la nueva sociedad mixta, el rescate de la concesión municipal y la adjudicación de una nueva a la Generalitat.

Al menos, esos son los pasos presentados en su día como pactados, al igual que el reparto de poder en la gestora con un 60% privado y un 40% público anunciado por el director del IVF, Manuel Illueca, para evitar tener que asumir nuevas deudas y del que se apartaría meses después Climent. Desde Economía pasaron a reivindicar una mayoría pública y después, a echar mano de empresas valencianas para aferrarse al control del negocio ferial. «A lo mejor la suma entre el Consell y empresas valencianas sume más que el resto, lo dejo ahí», dijo en mayo Climent, en uno de los últimos episodio del pulso con el departamento de Soler, que obligó a intervenir a Ximo Puig.

Colaboración

En la celebración del centenario, Puig afirmó que «es momento de relanzar la Feria» con «una nueva relación de colaboración público-privada en la gestión, acorde al nuevo modelo económico». Desde entonces, lamentablemente, ha habido pocos avances más allá de la firma de un protocolo de intenciones que no zanja discrepancias sobre el grado de privatización, ni ofrece información suficiente sobre el proceso, lo que motivó la abstención del Ministerio de Economía en el último Patronato.

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