Baldomero Segura: «Los municipios deberían contar con agrónomos igual que precisan arquitectos»

Baldomero Segura García del Río. / lp
Baldomero Segura García del Río. / lp

El decano del colegio valenciano afronta un nuevo mandato a nivel nacional con el reto de ganar reconocimiento internacional para la profesión agronómica

VICENTE LLADRÓVALENCIA.

Baldomero Segura García del Río, catedrático de Economía Agraria de la Politécnica y decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos (Coial) de la Comunitat Valenciana y Baleares desde 1999, ha sido reelegido presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos (de toda España), puesto que ocupa desde 2006.

El Coial tiene unos 1.500 colegiados y a nivel nacional hay unos 10.000. Aproximadamente están colegiados la mitad de los ingenieros agrónomos titulados que existen en España y Baldomero Segura lamenta que eso es así a pesar de ser obligatoria la colegiación, porque se trata de «una profesión regulada».

Este es uno de los principales terrenos de actuación de los colegios y al mismo tiempo un constante foco de debate, puesto que los que no están colegiados se escudan en su supuesta libertad de elección. La Administración mantiene cierta ambigüedad, ya que a, la vez que sostiene dicha obligatoriedad para el ejercicio profesional, luego «considera que es un problema a título personal del funcionario estar colegiado o no».

«La avalancha de títulos y másteres del 'Plan Bolonia' provoca problemas de confusión»«Nuestra formación es más amplia que en otros países, donde está limitada al campo»

Segura explica que la mayor parte de los que no están colegiados «son funcionarios de las Administraciones públicas o trabajan por cuenta ajena y por ello creen que no les hace falta, mientras que están colegiados al cien por cien los profesionales que trabajan por su cuenta». El coste no puede ser obstáculo, puesto que «las cuotas del colegio suponen sólo 160 euros al año». Es más bien un problema de concienciación sobre el que pretenden incidir. Será una paciente labor «mediante campañas informativas, no coactivas, sobre las ventajas de estar colegiados, más allá de la obligatoriedad». Una de las principales ventajas consiste en «tener cubierta la responsabilidad civil, ya que muchas veces no están bien respaldadas las responsabilidades de los trabajadores por cuenta ajena», pero además hay múltiples acciones colegiales «en defensa de la profesión en ámbitos muy diversos».

En general, esa defensa profesional se plasma en afianzar salidas profesionales y en buscar que se afiancen nuevas oportunidades.

El primer punto es «el mantenimiento de esta profesión como regulada», lo que implica que en determinadas actuaciones legales únicamente está capacitado un ingeniero agrónomo para realizar informes técnicos, como es el caso de valoraciones requeridas por tribunales de justicia, establecimiento de regadíos...

Hay un aspecto que puede relacionarse con el anterior donde estriba una larga reivindicación no cumplida para los agrónomos y que también es requerida muchas veces por los propios agricultores. Consiste en la ausencia de ingenieros agrónomos al servicio de los ayuntamientos, cuando los consistorios sí tienen contratados o en plantilla arquitectos y aparejadores.

Baldomero Segura lo tiene claro: «Los municipios deberían contar a su servicio con agrónomos para la ordenación del territorio, al igual que precisan de arquitectos». El planteamiento es sencillo: los técnicos en urbanismo no se ocupan en un término municipal sólo de lo que es urbano, que sólo es por término medio no más del 10% o 20% del territorio, sino de la totalidad, y es evidente que el resto (el 80% o 90%) es terreno rural, agrario o forestal, «que requiere el conocimiento específico de los ingenieros agrónomos». Sin embargo, los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) lo abarcan todo, lo urbano y lo rústico, y los elaboran especialistas en urbanismo (incluyendo los parques y jardines).

Segura advierte que «en España, el técnico municipal por antonomasia es el arquitecto, no el ingeniero agrónomo». Por ello «vemos continuamente que en medio de la nada se aplican los mismos criterios urbanísticos, férreos y restrictivos, que en el centro del pueblo o de la ciudad, y esas distorsiones absurdas, que no tienen sentido, no se corrigen a tiempo porque no cuentan con los ingenieros agrónomos».

Otro asunto de batalla en defensa de la profesión está en los proyectos desarrollados «en colaboración con otros colegios de ingeniería a través de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI) y del Instituto de Ingeniería de España (IIE)». Entre ellos está «el Pacto por la Industria y la búsqueda de unas directrices que permitan, ante la proliferación de títulos de ingeniería, una fácil identificación por el conjunto de la sociedad de sus competencias y atribuciones profesionales».

En general se trata de resolver ocasionales problemas de 'solapes' entre las competencias de las distintas ingenierías y, sobre todo, dar mayor credibilidad al valor de las titulaciones, sobre todo de cara a la proyección exterior de muchos profesionales que, cada vez más, encuentran salidas en otros países.

Según Segura, la puesta en marcha del 'Plan Bolonia' universitario «ha provocado una avalancha de títulos, algunos de los cuales crean confusión». Además, «el desarrollo de los másteres con competencias no está siendo el esperado y tendremos que intentar entre todas las ingenierías un camino que evite la confusión y los problemas que se han generado».

Un terreno en el que hay mucho por crecer es, por ejemplo, todo lo relacionado con la industria agroalimentaria, en un sinfín de actividades, más allá de la mera producción agrícola a pie de campo, donde es clásica la acción del agrónomo.

Este aspecto es también foco de posibles discrepancias cuando un agrónomo español ejerce fuera, porque en muchos países de la UE, sobre todo del centro y del norte, la formación que tiene el ingeniero agrónomo de allí le limita a un ejercicio relacionado con la mera producción agrícola en campo, pero no es el caso de nuestros agrónomos, que cuentan con una formación ingenieril mucho más amplia e intensa, lo que «les capacita para muchas otras cosas relacionadas con la industria agroalimentaria y con atribuciones científicas». Normalmente se soluciona con un trámite administrativo de validación, con Italia y Portugal «tenemos convenios para hacerlo más fácil», pero en otros casos «se requiere aportar certificaciones que acrediten la capacidad y solvencia, y en eso estamos»; como también en «facilitar la expansión de nuestros profesionales en países Iberoamericanos, donde encuentran mucha acogida porque aprecian su valía».

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