Los autónomos valencianos son los que más tarde cobran de su administración autonómica

El conseller de Hacienda, Vicent Soler. / EFE/Kai Försterling
El conseller de Hacienda, Vicent Soler. / EFE/Kai Försterling

La Generalitat tarda en abonar las facturas casi el doble que la media del resto de gobiernos regionales españoles

Á. MOHORTE / L. PALACIOS VALENCIA.

Los trabajadores autónomos que trabajaron para la Generalitat en 2017 tuvieron que contar con un plus de paciencia frente a sus iguales de otras autonomías. La valenciana es la comunidad donde más se retrasó el pago a estos proveedores, alcanzando los 82 días, 22 más de lo estipulado por la ley. Aunque ha bajado trece días frente al año anterior, está entre las cuatro que incumplen la transposición de la Directiva Europea sobre la Morosidad a España, que contempla la posibilidad de realizar la revisión de la factura hasta en los 30 días posteriores a su presentación y otros 30 para realizar el pago.

Las tres diputaciones cumplen aunque es la de Valencia la que más se demora, con 48 días, frente a Alicante (35) y Castellón (32). Sin embargo, entre los municipios, Gandia se sitúa en el grupo de cabeza nacional, siendo la sexta con peores cifras, 292 días, seguida de Orihuela, con 144. El resto de municipios valencianos con más de 50.000 habitantes están muy lejos de esas cotas. Así, Torrevieja tarda 70; mientras que Castellón, 50; Elche, 39; Valencia, 36; Torrent, 35; y Alicante, 32, según datos proporcionados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

A escala nacional, todavía hay en torno a 1,2 millones de autónomos que sufren la morosidad, lo que supone cuatro de cada diez trabajadores por cuenta propia. Y peor aún, en estos momentos más de 400.000 tienen facturas pendientes de cobrar que superan los seis meses. Ante estas cifras, no es de extrañar que la morosidad se sitúe como el segundo gran problema de este colectivo.

Gandia es el municipio con más demora de la Comunitat y el sexto de España con 292 días

Sin embargo, también es cierto que el periodo medio de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas ha ido disminuyendo de forma considerable en los últimos años, hasta el punto de que en el último lustro se ha reducido más de la mitad, al pasar de los 151 días de media que había en 2012 a los 70 días en 2017, dos días menos que el año anterior, según el Informe de Morosidad publicado este martes por ATA, que para extraer la media no incluye a la Administración Central al entender que este colectivo apenas trabaja con el Estado.

Pese a esta notable caída, excede aún en 10 días el límite establecido. Tanto la Administración Central como la Autonómica han fijado sus periodos medios de pago a cierre de 2017 en 49 días, estando dentro de los 60 que establece ahora la ley. Así, ATA destaca en su informe «el esfuerzo» de las administraciones autonómicas, que han reducido a lo largo del año sus periodos medios de pago un 23%, pasando de los 64 días de 2016 a los 49 en diciembre de 2017.

Por su parte, la Administración Central sí que ha aumentado ligeramente sus periodos medios de pago a lo largo de 2017, pero siempre manteniéndose dentro de lo que establece la ley.

Por el contrario, las administraciones locales pagan de media sus facturas a los autónomos en tres meses, concretamente 91 días, frente a los 80 de 2016, por lo que es «la única que incumple plazos y que lejos de querer reducirlos sigue poco a poco aumentando día», tal y como denuncia el informe.

Las diputaciones «suelen pagar en tiempo y forma» los servicios realizados por sus proveedores y solo cuatro exceden el plazo de 60 días que establece la ley: se trata de los cabildos de La Palma, El Hierro y Lanzarote, así como la diputación provincial de Cádiz.

Es en los ayuntamientos donde se encuentran tanto los peores datos de pago como los mejores. Así, de los municipios analizados (se excluyen los de tamaño pequeño), Jaén y Algeciras son los más 'remolones', al pagar en 483 días y 390, respectivamente. En el lado opuesto se encuentran Fuengirola y Vigo, que abonan sus facturas en menos de tres semanas.

Dejando a un lado el sector público, todas las empresas privadas, independientemente de la comunidad de origen, redujeron sus periodos medios de pago, una media de 3 días en 2017 hasta situarse en 71 días, por lo que excede en 11 el límite fijado en la ley.

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