La aprobación de la Ley de la Huerta mantiene las dudas sobre su utilidad al nacer sin fondos

Parcelas de huerta y alquería, con la ciudad al fondo. / irene marsilla
Parcelas de huerta y alquería, con la ciudad al fondo. / irene marsilla

AVA-Asaja reitera sus críticas porque la norma arranca sin presupuesto para aplicarla, mientras La Unió considera que es un buen punto de partida

V. LLADRÓ VALENCIA.

La Ley de protección de la Huerta de Valencia quedó ayer aprobada en el pleno de Les Corts, como estaba previsto, con la mayoría parlamentaria de los votos del 'tripartito': PSPV-PSOE, Compromís y Podemos. Sin embargo se mantienen en el campo las dudas sobre la utilidad futura de esta norma, al nacer sin asignación de fondos para poder cumplir los grandes objetivos que plantea alcanzar.

Las dos principales organizaciones agrarias, Unió de Llauradors y AVA-Asaja, expresaron ayer sus principales planteamientos al respecto, en muchos puntos discrepantes y ya conocidos por sus reiteradas diferencias mostradas en los últimos meses, aunque se aprecia en otros cierto acercamiento en cuanto a lo esencial: el dinero disponible, el que no se moviliza de momento en apoyo de los objetivos de lo legislado.

Mientras AVA señala que la ley aprobada es «restrictiva, limitante e intervencionista», La Unió considera que «es un buen punto de partida para hacer rentable el trabajo del agricultor profesional.

AVA lamenta «que el texto legislativo nazca sin presupuesto», lo cual hace temer que «pudiera verse reducido a una mera declaración de intereses o a un simple brindis al sol». La Unió no es de igual parecer, puesto que recuerda que «ya existen partidas dentro de los presupuestos de la Generalitat para este año con objeto de poner en marcha la ley», si bien remarca al mismo tiempo que «es muy importante dotarla de recursos económicos suficientes para que sea útil».

Ramón Mampel, secretario general de La Unió, ha remarcado que «sin un presupuesto adecuado que garantice recursos humanos y económicos suficientes no habrá nada que hacer, será papel mojado», lo que en realidad coincide bastante con lo que advierte Cristóbal Aguado, presidente de AVA: «A fecha de hoy carece de presupuesto, sigue sin ofrecer garantías a los agricultores y deja en el aire muchas incógnitas por despejar».

Por otra parte, ambas formaciones agrarias rivalizan en su capacidad de influencia ante el Consell y se arrogan a la vez méritos en haber conseguido algunos cambios en el texto legal a través de las diversas reuniones mantenidas, de un lado y de otro, con representantes de los grupos parlamentarios en Les Corts y del Gobierno valenciano.

Como uno de los puntos más conflictivos del proyecto de ley era la definición de «suelo agrario infrautilizado» y los mecanismos previstos para obligar a los dueños a cultivarlos o cederlos, pudiéndose llegar a casos de expropiación del uso, ahí se han mantenido fuertes controversias en las últimas semanas y al final el texto aprobado recoge el concepto de «la falta de rentabilidad» como excepción para que una parcela esté inculta y no se considere infrautilizada. Un concepto que viene a ser como una especie de cajón de sastre donde quepa de casi todo y sirva para salvar la situación. Pero lo más llamativo es que AVA y La Unió reivindican al mismo tiempo que han conseguido tal modificación a través de sus gestiones.

La atención de ambas formaciones se centra ahora en lo que concreten el Plan Agrario y el Plan de Acción Territorial, que se ultimarán en el plazo de nueve meses y se presentarán conjuntamente.

En el pleno de Les Corts de ayer, los portavoces de los partidos a favor reiteraron los argumentos que señalan, como objetivos esenciales de esta normativa, la preservación y recuperación de la Huerta como «espacio de reconocidos valores agrarios, ambientales, paisajísticos, culturales, e históricos», así como la voluntad política de partida de conseguir que recobre su perdida rentabilidad económica, como medio de asegurar el futuro de las familias agricultoras.

Sin embargo, el PP y Ciudadanos votaron en contra -también como estaba previsto- e insistieron en sus críticas de los últimos meses. Ciudadanos señaló que es una ley que se ha hecho «a espaldas de los agricultores», idea en la que ahondó el PP, que advirtió que es una norma «sin consenso y que se olvida de la rentabilidad agraria», al tiempo que lanzó la velada acusación de una supuesta «especulación de un millón de metros cuadrados».

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