Denuncian la importación ilegal de nuevas mandarinas

Técnicos de La Unió de Llauradors han detectado en algunas parcelas de la Comunitat Valenciana la presencia de una nueva variedad de mandarina híbrida de origen israelí, denominada 'Sigal', que supuestamente, y según indica dicha organización agraria, «no habría pasado ni la fase de cuarentena legalmente establecida ni se ha comprobado que esté saneada».

Sin embargo, el grupo AMC y Citrus Genesis, que son «licenciatarios máster exclusivos en España y otros territorios» de esta variedad, obtenida por el Aro Volcani Center de Israel, aseguran que, con el permiso expreso del Ministerio de Agricultura, importaron legalmente material de 'Sigal' a través del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), para realizar allí el periodo de cuarentena.

La cuarentena es obligatoria para todo material vegetal importado que llegue a España. Su objetivo es que investigadores competentes en la materia sometan a dicho material (plantas, varetas, yemas, frutos, semillas, etc.) a las pruebas y comprobaciones pertinentes para descubrir si está sano, y por tanto libre de plagas y enfermedades consideradas nuevas y peligrosas, en cuyo caso se permite la entrada y propagación, o, por el contrario, se descubren patógenos de cuarentena y se procede al rechazo y su destrucción obligatoria. En el caso de los cítricos, el centro de referencia homologado para realizar la cuarentena es el IVIA.

Sin embargo La Unió asegura que se ofrece fruta e injertos de dicha variedad sin haber superado la cuarentena, por lo que se supone que debe ser ilegal. Por ello ha trasladado estos hechos a la Conselleria de Agricultura, al objeto de que, a través de su Servicio de Sanidad Vegetal, «actúe de forma urgente», inspeccione las parcelas implicadas y, en su caso, aplique la legislación, que dispone que «no se puede cultivar en nuestro territorio ninguna variedad de cítricos que no haya pasado el periodo de cuarentena correspondiente o se haya certificado por el IVIA que está completamente saneada».

La organización agraria ha pedido a la conselleria que, en el caso de que los hechos denunciados se comprueben fehacientemente, «proceda a la destrucción de esas plantaciones y se deje constancia de que su existencia en nuestro territorio es previa a la solicitud de inscripción de la variedad en el registro de variedades que han solicitado protección de obtención vegetal» (patente).

La Unió pretende con ello consolidar pruebas para «evitar que en el futuro se produzca una situación de abuso similar a la ocurrida en el caso de la Orri, con el cobro a los agricultores de derechos elevados», cuando hay constancia de que en un principio «se expandió aquí el material vegetal antes de su protección, para después, conseguida la misma, reclamar unos royalties que rondan los 75 euros por planta y 0,03 euros por kilo producido».

No obstante, AMC y Citrus Genesis han dejado claro que no tienen intención de realizar «ninguna regularización de plantaciones ilegales de 'Sigal'» y que sólo se darán licencias «a los agricultores que decidan y en las condiciones de mercado que libremente acuerden».

Estas empresas también piden a la conselleria que investigue la posible existencia de plantaciones ilegales y en su caso se destruya el material y se impongan las sanciones previstas en la ley. También reclaman que se requiera con urgencia a La Unió para «que ponga a disposición toda la información con la que cuente».