Falta voluntad política para frenar los robos en el campo

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia presentó al pleno una propuesta para que se intensificara la vigilancia de los puntos de venta que ofertan a menudo naranjas y mandarinas a precios superbaratos, incluso por debajo de las cotizaciones que rigen en esos momentos en el campo, lo que induce a sospechar de su procedencia ilegal.

El objetivo de la moción, según defendió Fernando Giner, era el de contribuir a combatir la ola de robos de cosechas en el campo, en el sentido de que, si se persigue la venta final de lo robado, se dejará de robar a gran escala. Y para poder descubrir los agentes municipales si se trata o no de mercancía irregular, Giner propuso que se exigiera siempre en las inspecciones el cumplimiento documental de la trazabilidad de cada producto, por tres razones: por la necesaria defensa de la salud pública (riesgos fitosanitarios), porque es obligatorio por ley y porque si se descubre que se ha interrumpido la trazabilidad en algún producto es indicio de que la fruta en cuestión no tiene un origen claro.

La moción de Giner no prosperó, sin embargo, y en su lugar lo hizo una propuesta transaccional presentada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia (Compromís-PSPV-Podemos) que en la práctica supone rebajar de forma notable la intención de Ciudadanos, grupo que lamentó que no se tuviera en cuenta lo que había propuesto pero aprobó en cambio el nuevo texto 'light' porque, como señaló Giner, al menos ya es un primer paso.

El texto alternativo aprobado es éste: «1.- El Ayuntamiento de Valencia se compromete a llevar a término campañas de sensibilización para solicitar la colaboración ciudadana con la finalidad de reducir los robos en el campo. 2.- Por lo que se refiere a los fitosanitarios manifestamos que el Ayuntamiento se compromete a realizar campañas de sensibilización para que los envases de productos fitosanitarios se depositen en los lugares habilitados».

Como se ve, casi nada que ver con el problema. No se habla de revisar lo que se vende, se confía en la concienciación ciudadana y se pone el énfasis en los envases vacíos de plaguicidas, lo que tendrá relación con evitar focos de contaminación, pero nada con el asunto de los robos; salvo lo de esperar que el ciudadano colabore, tal vez preguntando si lo que compra ha sido o no robado.

Por una parte es habitual que los gobiernos de cualquier institución, al presentarles desde la oposición alguna propuesta que no pueden rechazar totalmente, opten por lanzar otra propia para evitar protagonismo al de la iniciativa y, de paso, reducir intensidad, como es el caso. Pero esta vez hubo además clara ausencia de voluntad política para ir al fondo de la cuestión y tratar de atajar el problema de los robos.

Consol Castillo (Compromís) dijo que Ciudadanos planteaba cosas relacionadas con la seguridad que no son competencia municipal . Mª Angels Ramón-Llin (PP), que fue consellera de Agricultura, señaló que tampoco es competencia municipal la cuestión de la trazabilidad, sino de la normativa europea. Lo que es incierto, porque son competencias a todos los niveles. De hecho, agricultores de pedanías de Valencia se quejan de que a veces les inquieren agentes municipales sobre el origen de las frutas y verduras propias que venden a la puerta de sus casas huertanas y les exigen que demuestren que son suyas. ¿Por qué no igual de rigor en fruterías sospechosas?