El CES aconseja ampliar las ventajas fiscales para unir explotaciones agrarias

Junto a las exenciones impositivas a quien reciba o adquiera una finca, no se contempla que quien la done o venda se libre de ser gravado por ficticias ganancias patrimoniales

V. LLADRÓ

valencia. El Comité Económico y Social (CES) de la Comunitat Valenciana recomienda que la futura Ley de Estructuras Agrarias de la Generalitat amplíe los beneficios fiscales para incentivar la movilidad de la tierra que se busca, favoreciendo así que se pueda alcanzar mejor el objetivo de conseguir mayor número de explotaciones agrarias bien dimensionadas, profesionalizadas y económicamente viables.

En su dictamen sobre dicho anteproyecto de ley, el CES valora las exenciones o reducciones de impuestos (en transmisiones, donaciones, herencias...) previstas, pero señala que entre los incentivos fiscales «no contemplan aquellos relacionados con las ganancias patrimoniales generadas en los casos de venta de fincas rústicas a personas agricultoras profesionales, de ganancias patrimoniales generadas por donaciones de fincas rústicas a personas agricultoras profesionales y las ganancias generadas por indemnizaciones a coherederos en caso de transmisión de fincas rústicas a personas agricultoras profesionales».

Sin embargo esta parte no resuelta de la fiscalidad relacionada con las transmisiones de fincas rústicas afecta sobre todo al IRPF, sobre el que la Generalitat tiene una limitada capacidad normativa, por lo que tendrá que esperarse a futuras decisiones y negociaciones con el Ministerio de Hacienda para que se puedan minimizar las teóricas ganancias patrimoniales en estos casos. De no resolverse esta cuestión, las personas con riesgo de verse afectadas negativamente en sus declaraciones de renta por teóricas ganancias inexistentes optan, como ocurre ahora, por no vender ni donar, con lo que no se consigue movilizar en la práctica el mercado de la tierra.

A diferencia de las críticas que el CES vertió sobre el anteproyecto de ley de l'Horta, en este caso de la ley de Estructuras Agrarias destaca en general lo positivo de su articulado para intentar resolver el problema limitante del minifundismo y el abandono de cultivos, a fin de potenciar explotaciones que estén en manos de profesionales y sean dirigidas con criterios empresariales.

También se incide en el carácter participativo que ha tenido el desarrollo de este anteproyecto, atendiéndose desde el principio a la opinión de todas las organizaciones agrarias, lo que influye sin duda en su amplia aceptación y en que el CES proponga ahora mínimas correcciones, mostrándose muy de acuerdo con los principales planteamientos de la normativa propuesta.

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