Más de 4.000 viviendas turísticas se dan de alta en tres meses en la Comunitat por la presión inspectora

Turistas en el centro histórico de Valencia. / irene marsilla
Turistas en el centro histórico de Valencia. / irene marsilla

Las Fallas y Semana Santa de este año experimentan el mayor volumen de alojamientos registrados desde 2010

ELISABETH RODRÍGUEZ VALENCIA.

El fraude en torno al alquiler del alojamiento vacacional parece estar perdiendo impulso ante la presión inspectora que se ejerce cada vez con más fuerza y recursos desde distintas instituciones autonómicas y centrales. En los tres primeros meses de 2018, un total de 4.233 viviendas se han dado de alta en el Registro de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas, casi mil más que un año antes, según los datos facilitados a LAS PROVINCIAS desde la Agencia Valenciana de Turismo (AVT).

De hecho, las Fallas y Semana Santa de este año han sido las que han experimentado el mayor volumen de apartamentos regularizados desde 2010, con un total de 66.666 inmuebles. Según la AVT, este incremento de los alojamientos en regla responde a la presión inspectora realizada a través de distintas vías. «Todas las actuaciones que estamos llevando a cabo para combatir esta problemática han permitido de manera notoria aflorar la oferta de la Comunitat no declarada y fomentar la inscripción en el registro oficial de viviendas turísticas de la Generalitat», declara el secretario autonómico de la Agencia Valenciana de Turismo, Francesc Colomer.

En concreto, la evolución en el registro durante 2018 es mayor que la realizada en el mismo periodo de 2017, ya que en el primer trimestre se registraron 3.390 viviendas turísticas. Es decir, se inscribieron 843 viviendas menos que este año. A cierre de 2017, el número de alojamientos nuevos fue de 16.189, 4.566 más que las que se dieron de alta en 2016.

La provincia de Alicante copa la mayoría de las regularizaciones, con 2.620 inscripciones

En este sentido, cabe recordar que estar registrado es requisito para poder ejercer la actividad y su incumplimiento puede acarrear multas para el propietario y para el canal de venta empleado, como ocurrió con las plataformas Homeaway, Airbnb y Rentalia, que fueron sancionadas con 30.000 euros antes de elevar a 600.000 euros la cuantía máxima. Por lo que respecta a las inscripciones por provincias, la de Alicante es la que tira del carro, al registrar 2.620 altas de viviendas. Mientras, en Castellón han sido 1.111 y en Valencia, 502. Además, en la capital del Túria se han inscrito 220 viviendas turísticas del 1 de enero al 1 de abril.

En cuanto a la serie histórica en la Comunitat, la oferta total en 2010 era de 35.493 apartamentos, una cifra que en 2011 se redujo al pasar a 35.371. A partir de ese ejercicio, el volumen fue creciendo de manera moderada, pero no es hasta 2016 cuando se experimenta un tirón de las regularizaciones al dispararse un 20%. Es en ese año cuando comienza la política de sanciones a las plataformas comerciales. Así, en 2017 la oferta reglada creció un 23%, hasta situarse en 62.433 alojamientos.

Acciones contra el fraude

Dentro de las acciones emprendidas contra este tipo de oferta, destacan las inspecciones con la participación de la policía autonómica, las campañas de sensibilización en colaboración con la Agencia Tributaria y la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, además de los acuerdos alcanzados con las propias plataformas de comercialización. En este último punto, se han introducido los cambios técnicos necesarios para evitar que se publiciten propiedades no registradas.

La ofensiva para aflorar plazas no declaradas incluyó multas a páginas webs comercializadoras

Por su parte, el Consejo de Ministros aprobó la norma por la que se obligará a las webs tipo Airbnb a enviar al fisco la información relativa a los propietarios y los clientes a partir del próximo mes de julio.

Para este año, la Agencia Valenciana de Turismo prevé continuar con el rastreo de anuncios irregulares por internet y notificación a sus comercializadores para su corrección o eliminación. Además, se pondrá en marcha una nueva campaña de comprobación a través de la inspección del Estado de las viviendas en bloques y conjuntos turísticos.

A todo esto se suma el proyecto piloto contra el intrusismo realizado junto al Ayuntamiento de Gandia y la Policía Local del municipio. La iniciativa se inició el pasado verano y, según avanzó Colomer el pasado lunes, se extenderá esta temporada estival a otros municipios de la Comunitat con los que «ya se han iniciado contactos» en este sentido.

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