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La justicia prohíbe a Orange seguir llamando a un antiguo cliente y a toda su familia

La empresa llegó a telefonear 15 veces al día a un abogado valenciano para reclamar el pago de 80 euros que no tenía que abonar

Á. MOHORTE

Martes, 30 de mayo 2017, 00:22

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valencia. El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha prohibido a la compañía Orange comunicarse con un excliente y su familia, al tiempo que éste prepara junto a la Fiscalía de Consumo una demanda colectiva por acoso telefónico. Como explicó a LAS PROVINCIAS el afectado, Javier Galán, abogado de profesión, se había dado de baja de la compañía cuando empezó a recibir llamadas diarias para reclamarle una supuesta deuda de 80 euros.

Todo empezó a finales de 2015, cuando el letrado tenía contratado el servicio de telefonía con Orange y por discrepancias con el servicio que se le prestaba y tras varias reclamaciones, cambió de operador, conservando los números.

«Llamé al servicio de cancelaciones y me informaron de que no tenía penalización e hice la portabilidad. La cuestión es que luego me vinieron dos facturas por las que Orange me reclamaba 40 euros como penalización por la cancelación y 40'61 euros por un recibo de la línea de dos meses después de haber hecho la portabilidad», señala Galán.

El afectado propuso a la compañía que le llevaran ante los tribunales si consideraban tener derecho, pero no lo hicieron. «Como se trata de cuantías muy pequeñas y no les es viable ir a un juicio, procedieron a enviarme toda clase de mensajes y a llamarme a todas horas para reclamarme la deuda», señala el afectado. Según expuso al juez, la empresa de telefonía habría contratado a continuación a dos empresas de recobros, quienes empezaron a llamarle a su móvil, a su teléfono del despacho y hasta a su hija menor de edad en horas de clase. Según el letrado, llegó a registrar entre 10 y 15 llamadas diarias, que se realizaban mediante un sistema automático que le requería el pago. En algunos casos se producían desde las 8:00 horas y hasta la noche.

Aunque la familia bloqueaba los números que emitían las llamadas, los cobradores conseguían desbloquear la comunicación o utilizaban números alternativos para continuar insistiendo. Galán había respondido a las cartas, faxes y burofaxes que le remitían, argumentando que no tenía ninguna deuda y que estaba al corriente de pagos con la empresa. Sin embargo, su nombre fue inscrito en diversos registros de morosos, como el Asnef, impidiéndole conseguir ningún tipo de crédito o préstamo.

Denuncia por acoso y estafa

Ante la situación, tramitó un procedimiento de reclamación en el Ministerio de Industria, que finalmente le dio la razón. «Aún así siguieron con las llamadas y el acoso continuo, por lo que interpuse una denuncia por acoso, estafa y otros delitos», señala. Tras diversos vaivenes judiciales que acabaron con la Audiencia Provincial de Valencia dándole la razón en su derecho a reclamar, Galán ha conseguido que se instruya su caso y, como medida cautelar, demandó una orden de prohibición de comunicación con él y con mi familia por cualquier medio que finalmente se le ha concedido.

En paralelo, la Fiscalía de Consumo se ha puesto en contacto con el afectado y ambos prevén iniciar una acción colectiva que sirva también para otros episodios similares. «De prosperar, cualquier ciudadano podría invocar el resultado de este caso, sin necesidad de gastarse el dinero en un abogado, y sería utilizada también en los juzgados mercantiles, donde estas situaciones son habituales», advierte Galán.

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