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Á. M. / R.E.
Martes, 30 de mayo 2017, 00:22
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La primera jornadas del juicio contra la cúpula de la antigua Caja Mediterráneo (CAM) en la Audiencia Nacional ha servido para ver sentados en el banquillo al expresidente, Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, junto a otros cinco altos cargos, además de para plantear cuestiones previas. Entre ellas, los abogados de la defensa solicitaron que se excluya a las acusaciones particulares de los afectados por la compra de cuotas participativas emitidas en los años previos a los que se juzgan, que son 2010 y 2011.
Los letrados de los acusados han argumentado que se creó una pieza separada sobre la venta de participativas en 2007, quedando archivada provisionalmente el año pasado, por lo que no ven cabida su inclusión en este proceso. La solicitud de excluir a las acusaciones ejercidas por el abogado Diego de Ramón y por el particular Cristóbal Pons, fue formulada por el letrado del exdirector general López Abad, y a ella se adhirieron las defensas de los acusados Francisco José Martínez García, exdirector de Inversiones y Riesgos; Juan Luis Sabater, exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez; y Salvador Ochoa, director de Información Financiera; además del Banco Sabadell, en calidad de responsable civil subsidiario.
El abogado de los afectados por las cuotas Diego de Ramón justificó su personación en el proceso en el perjuicio causado a los afectados por la compra de las cuotas y se refirió al expediente disciplinario que abrió en 2012 el Banco de España contra la cúpula de la caja a la que acusa de ser «consciente de una forma muy fría de lo que estaban haciendo». Por su parte, el fiscal del caso Luis Rodríguez Sol expuso en su turno de palabra que la comercialización de participativas se estudió en una pieza separada y por tanto es un tema «zanjado».
Beneficios ficticios
La Fiscalía acusa a la excúpula de impulsar un mecanismo para incrementar de forma ficticia los beneficios de la entidad en 2010 y también de asegurarse el pago de una serie de complementos retributivos a los que no tenían derecho debido al estado real de las cuentas de la caja que finalmente fue adjudicada al Banco Sabadell por un euro tras recibir una inyección de más de 5.200 millones de euros por el Fondo de Garantías de Depósitos, personada como acusación particular.
El ministerio público, que concluye que la CAM desembolsó indebidamente algo más de 20 millones de euros, pide para siete de los ocho acusados penas que van desde los diez meses de prisión hasta los siete años y medio si bien la acusación popular eleva la petición a 16 años de cárcel por los delitos de falsedad en las cuentas, estafa y apropiación indebida.
La letrada del expresidente Crespo solicitó que su cliente se pueda ausentar de las vistas hasta julio por padece una cardiopatía. La defensa de Amorós ha pedido que se incorpore a la causa casi un centenar de documentos y correos electrónicos relacionados con comunicaciones internas y altos cargos del Banco de España. A la salida del juicio una veintena de perjudicados por la compra de participativas abucheó a los ocho acusados al grito de 'ladrones' y 'chorizos' e increpó al expresidente mientras intentaba subir a un taxi.
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