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El expresidente de la CAM, Modesto Crespo, en las inmediaciones de la antigua sede de la entidad.
La cúpula de la CAM se enfrenta al primer juicio por el colapso financiero valenciano

La cúpula de la CAM se enfrenta al primer juicio por el colapso financiero valenciano

El presidente, dos directores generales y cinco directivos están acusados de estafa, falsedad documental y apropiación indebida

Álvaro Mohorte

Sábado, 27 de mayo 2017, 21:56

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La plana mayor de la CAM en el momento del desplome de la entidad el 23 de julio de 2011 se sienta desde el lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. Después de seis años de instrucción, el expresidente de la caja, Modesto Crespo, y sus exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, junto a los directores de Recursos, Planificación y Control, Inversiones y Riesgos y Financiación e Información financiera tendrán que responder por hasta seis delitos que van desde la falsedad en las cuentas anuales hasta la estafa o la apropiación indebida.

La vista se prolongará hasta el 21 de julio y es la primera vez que la totalidad de un equipo gestor de una de las antiguas entidades valencianas se enfrenta a la fase final del proceso. De hecho, casos como el de Banco de Valencia, Bankia o las causas heredadas de Bancaja (Grand Coral o la ampliación de capital del Valencia CF) están aún en instrucción y se tendrá que esperar meses para conocer la fecha en la que previsiblemente terminarán en un juicio.

Sin embargo, algunos de los dircetivos, como López Abad, no es la primera vez que pasan por el juzgado. Él ya fue absuelto junto al expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés de irregularidades en el cobro de dietas y la concesión de créditos por valor de 18,9 millones a este último. Por su parte, Amorós también ha recibido sentencia, pero no como acusada, sino en su pretensión de que la entidad le indemnizara por su despido fulminante en septiembre de 2011 por decisión del Banco de España. La exdirectora general aspiraba a recibir 10 millones de euros, pero la juez de lo Social número 4 de Alicante consideró que no tenía derecho, dadas las circunstancias.

En el juicio que se abre este lunes, el expresidente Modesto Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós están acusados de falsedad en las cuentas anuales, manipulación informativa, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad documental, mientras que Crespo y Amorós suman a esto un delito relativo al perjuicio del mercado y los consumidores.

Durante esos días también comparecerán como acusados el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, el ex director general de Recursos Vicente Soriano, el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.

Como autores de un delito de falsedad contable y estafa, el fiscal solicita siete años y medio de cárcel para López Abad, Amorós, Sogorb, y Martínez García, además de una multa de 400 euros diarios durante quince meses (sumando 180.000 euros) a cada uno, si bien no atribuye ningún cargo al expresidente de la caja.

Como cómplices de falsedad contable, el Ministerio Público pide un año y dos meses de prisión para Sabater Navarro y Ochoa Pérez, y multa de 9.000 euros a cada uno, mientras que a Soriano Terol se le imputa un delito de estafa con una petición de diez meses de prisión y una multa de 12.000 euros.

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que ejerce la acusación, atribuye además al expresidente Crespo, a la exdirectora Amorós y a Teófilo Sogorb un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros; para López Abad y Martínez, por falsedad societaria, solicita tres años de prisión y una multa también de 144.000 euros.

En el caso de Sabater Navarro, el FGD reduce la petición a dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros por cooperador necesario del delito de falsedad societaria.

La acusación popular, por su parte, eleva la petición de penas a dieciséis años de cárcel para cada uno de los ocho acusados, y solicita que éstos indemnicen a los demandantes con 19,1 millones de euros.

Tras destaparse que acumulaba unas pérdidas de 1.136 millones y tener que ser saneada por el Estado, la entidad terminó vendida al banco de Sabadell por un euro.

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