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Varios turistas en el centro de Valencia. :: manuel molines
Cómo alquilar un apartamento de forma legal

Cómo alquilar un apartamento de forma legal

La norma autonómica obliga a dar de alta todos los inmuebles que se comercialicen con fines turísticos, vacacionales o de ocio

INÉS HERRERO

Lunes, 22 de mayo 2017, 01:13

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Cada vez más personas optan por alojarse en un apartamento turístico cuando viajan. Por precio, moda o quizá buscando sentirse como en su propia casa, cambian los hoteles por las viviendas que ofertan infinidad de plataformas online, y eso también hace que proliferen quienes se plantean alquilar sus viviendas a turistas.

Este fenómeno va más allá de la búsqueda puntual de inquilinos para un apartamento en la playa con el clásico cartel de 'se alquila' o recurriendo al portero de la urbanización. Esa forma de proceder, muy habitual en los alquileres estivales en la costa, sigue estando amparada por la Ley estatal de Arrendamientos Urbanos de 1994, bajo la figura de 'arrendamiento de temporada', válida también para alquileres de menos de un año a estudiantes o trabajadores de paso, ojo, siempre que no se comercialice o promocione en canales de oferta turística. Si el piso se publicita, debe estar registrado.

La clave está en el resto de casos, la inmensa mayoría, y en el cumplimiento o no de las reglas del juego que tiene a los hoteleros en pie de guerra contra los apartamentos turísticos ilegales. En concreto, contra la competencia desleal que hace negocio alquilando viviendas sin cumplir la normativa turística.

En la Comunitat, todos los alojamientos y propiedades de uso turístico tienen que estar inscritos en el Registro de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas e incluir su número de registro en cualquier publicidad del inmueble, que debe estar en perfecto estado de habitabilidad, conservación y limpieza. La inscripción es gratis, como particulares o empresas, a través de una comunicación o declaración responsable de inicio de la actividad.

Sólo están exentos de esta obligación de registro los 'anfitriones' que alquilan habitaciones, pero nunca la vivienda completa, ya que la normativa turística valenciana sólo contempla la posibilidad de dedicar al alquiler turístico la unidad de alojamiento entera, no por habitaciones, y el propietario no puede estar viviendo en el inmueble.

A esa misma figura de 'anfitrión' se acogen las plataformas de economía colaborativa como Airbnb, multada por el Consell con 30.000 euros -la sanción máxima, que la nueva ley elevará a 600.000 euros-, junto a Homeaway y Rentalia y, aunque en menor cuantía, Milanuncios, Niumba y Fotoalquiler, todas ellas por ofertar alojamientos sin exigir el número de registro pertinente.

Esas sanciones de la Agencia Valenciana de Turismo, aunque abocadas a los tribunales, se enmarcan en la lucha contra el intrusismo y la competencia desleal del departamento que dirige Francesc Colomer.

Sanciones

En 2016, inició 65 expedientes sancionadores, 59 a empresas gestoras, cuatro a titulares y dos a bloques de apartamentos, y cerró el primer trimestre de este año con 18 expedientes incoados en viviendas turísticas.

Turismo afloró más de 12.800 viviendas turísticas en la Comunitat el pasado ejercicio, el doble que un año antes y hasta siete veces más que las 1.783 altas del año 2011. Según datos facilitados a LAS PROVINCIAS, 46.924 inmuebles estaban registrados como turísticos en 2016.

Además de la obligación de estar inscritos, estos inmuebles deben llevar un registro de viajeros. El Ministerio del Interior exige que rellenen un parte de entrada -oficial- y lo envíen a la Comisaría o Puesto de la Guardia Civil correspondiente.

Aparte, claro está, de cumplir las obligaciones fiscales. La Agencia Tributaria detectó 8.160 arrendamientos opacos el año pasado en toda España, después de enviar 21.500 borradores de la declaración de la renta con un aviso a los contribuyentes de que sabía que contaban inmuebles alquilados, buena parte detectados a través de ofertas en internet. A diferencia de la Generalitat, en este caso se pone el foco en controlar que los caseros cumplan con el fisco y declaren lo ingresado.

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