Las Provincias

Más de 86.000 valencianos podrían exigir 4.500 euros de media a su Ayuntamiento tras la anulación del impuesto de plusvalía cuando hay pérdida en la venta del piso

  • Los consistorios de la Comunitat auguran una importante pérdida de ingresos, de hasta doce millones de euros en la ciudad de Valencia

«Esta sentencia se veía venir, ahora habrá que ver si los ayuntamientos optan por aceptar todos los recursos». Así lo asegura Miguel Ángel Galán, socio de Fiscal de Andersen Tax&Legal en Valencia, en alusión a la ampliación a toda España de la nulidad de la plusvalía municipal cuando hay pérdidas que el TC acordó en febrero para los territorios forales.

Al extender su doctrina a la norma estatal, el Constitucional se alinea con los pronunciamientos de los juzgados de lo contencioso y tribunales superiores de justicia que, en los últimos años, daban la razón a los contribuyentes que reclamaban el impuesto abonado si demostraban, con un dictamen pericial, que no obtuvieron ganancias.

Al considerar inconstitucional el cobro de plusvalía -que grava la revalorización de los inmuebles urbanos- si no se han producido ganancias, obliga a cambiar la normativa y abre la puerta a que reclamen ese tributo quienes vendieron pisos, solares o naves con pérdidas.

Esa decisión podría beneficiar a 86.600 propietarios de la Comunitat -47.500 en la provincia de Alicante, 9.000 en Castellón y 30.100 en Valencia-, según cálculos realizados por Tinsa a partir de sus estadísticas de evolución del precio y datos del Ministerio de Fomento y del Colegio de Registradores de la Propiedad. A falta de estimaciones oficiales, la cuantía a reclamar podría rondar los 4.500 euros de media, según reclamador.es, la compañía online de reclamaciones líder en España. De cumplirse ambos cálculos, la factura para los ayuntamientos valencianos se elevaría a unos 390 millones de euros,

Galán, no obstante, diferencia entre los municipios donde el impuesto se liquida tras calcular el ayuntamiento cuánto se debe, con sólo un mes para recurrir, y aquellos con sistema de autoliquidación, las capitales de provincia y ciudades de mayor tamaño, donde hay cuatro años para pedir una rectificación. Es el caso de Valencia, por ejemplo, que en marzo llegó a hablar de pérdidas de doce millones de euros, tres por cada ejercicio susceptible de reclamar. Ayer, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, reiteraba que la sentencia «podría suponer una importante pérdida de ingresos», con una previsión de 32,5 millones para este año, mientras Fernando Giner, de Ciudadanos, exigía a Ribó trámites sencillos para devolver lo cobrado injustamente.

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