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Un grupo de turistas por el centro histórico de la ciudad de Valencia. :: efe
La economía sumergida alcanza el 27% del PIB en la Comunitat con el auge del turismo

La economía sumergida alcanza el 27% del PIB en la Comunitat con el auge del turismo

Los alquileres ilegales y las contrataciones irregulares en hostelería disparan el pago en dinero negro y generan competencia desleal

Á. MOHORTE

Viernes, 31 de marzo 2017, 00:42

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La Comunitat Valenciana está en el grupo de las autonomías en las que más de uno de cada cuatro euros que circula lo hace 'en negro'. La organización de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) asegura que un 27% del producto interior bruto valenciano (PIB) precede de la economía sumergida, lo que significa unos 28.300 millones de euros, según el PIB de 2016, que se conoció ayer. Este porcentaje sólo se ve superado por el que registran Extremadura, con un 31% y Andalucía y Canarias, con un 29%, aunque la cifra en euros se estima que es inferior.

Frente a la media nacional, cifrada en el 24,6% de economía sumergida con respecto al PIB, la provincia de Alicante encabeza el ranking con casi un 28%; seguida de Castellón, con un 26,5%, y Valencia, con el 25%. Así lo aseguró ayer el presidente de la asociación de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, antes de inaugurar el XV congreso nacional del colectivo, que se celebra en Alicante.

La recuperación del negocio turístico tras el periodo más duro de la crisis está detrás de buena parte de este porcentaje, según los técnicos. Entre las principales razones está la contratación irregular de personal en el sector de la hostelería, especialmente como camareros y personal de apoyo en los periodos de mayor actividad, y el alquiler de pisos y apartamentos.

Sobre este último aspecto, Cruzado asegura que más de un 50% de los arrendamientos de pisos y apartamentos se realiza en negro, aunque esta proporción resulta muy superior cuando se trata de inmuebles de alquiler temporal con fines turísticos, que han proliferado en los últimos años. De hecho, la persecución de este tipo de actividad no declarada por los propietarios está siendo una de las cruzadas que se han asumido desde la Agencia Tributaria española, como destacó a LAS PROVINCIAS el presidente de los técnicos de Hacienda.

«Ha habido rastreos en los que se ha contado con la colaboración de las páginas web que sirven de intermediarias entre el propietario y el inquilino. Ya en la anterior campaña de la Renta se advirtió a más de 25.000 personas de la obligatoriedad de declarar estos ingresos y este año serán muchas más», asegura Carlos Cruzado.

Aunque son diversas las actividades en las que se producen transacciones en dinero negro, hay determinados sectores que, cuando adquieren relevancia, llegan a generar unos elevados volúmenes. «El ladrillo lo fue hasta el estallido de la crisis inmobiliaria, especialmente en la Comunitat Valenciana», advierte Cruzado. Como termómetro sirvió la gran cantidad de billetes de 500 euros que el Banco Central Europeo localizaba en España, elemento clave para abonar altas cantidades en operaciones de promoción y venta de viviendas. «Con el pinchado ha disminuido y se ha orientado al sector servicios, especialmente en hostelería y turismo, lo mismo que en empleo sumergido.

En todo caso, el representante de los técnicos de Hacienda advierte que no es un hecho aislado ni exclusivo de estas actividades o sectores, sino que afecta a distintos eslabones de la cadena productiva: «El pago en negro viene de cobrar en negro».

Competencia desleal

Además, el presidente de Gestha alerta de que estos perjuicios son mayores para la competitividad general de España frente a la de otros países del entorno, al ser la economía sumergida más predominante. Además, reniega de las supuestas ventajas que algunos expertos aducen de que la economía sumergida ofrece también «un colchón para algunas familias sin ingresos», especialmente tras los recortes.

«Esto es un error porque mantener este nivel de economía sumergida supone una competencia desleal a las empresas y autónomos que sí pagan, y un riesgo para las personas, al no generar derechos para las pensiones de un futuro ni prestaciones sociales de la Seguridad Social». También apunta que se ocasiona un daño por la merma de ingresos a las cuotas de esa Seguridad Social y otros impuestos, por lo cual esa justificación «no puede servir de excusa».

También ha subrayado que las noticias de políticos corruptos tienen un «efecto negativo de falta de ejemplo» con respecto al contribuyente de a pie ya que «no ayuda a elevar el nivel de conciencia fiscal de los españoles ni a anima a pedir la factura con el IVA».

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