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E. RODRÍGUEZ
Jueves, 23 de marzo 2017, 23:51
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valencia. La Agència Valenciana de Turisme (AVT) dio ayer un paso en firme en su frente contra las páginas web que comercializan apartamentos alegales pese a las reticencias de la conselleria de Economía. La entidad ha multado con 120.000 euros a seis de estas plataformas de alquiler, tal y como advirtió en febrero de 2016, cuando abrió un expediente a siete compañías por ofertar este tipo de alojamientos sin estar inscritos en el Registro de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat.
Sin embargo, esta política restrictiva, así como la posibilidad de multar a plataformas como Airbnb, ya fue rechazada por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat -dependiente de la conselleria de Economía-. En concreto, el órgano regulador emitió un informe en diciembre de 2016 donde exigía a la Secretaría de Turismo que retirara la obligatoriedad de que dichas viviendas particulares estén en el registro. De ese modo, no sólo ampara este tipo de ofertas -que se encuentran en una especie de limbo legal-, sino que exime de responsabilidades a las compañías comercializadoras. «Supone una restricción desproporcionada de la libertad de empresa y de competencia», alegaba el dictamen.
Las compañías con mayor sanción son Homeaway, Airbnb y Rentalia, que deberán abonar un total de 30.000 euros, la cantidad máxima que permite actualmente la ley, una cifra que se endurecerá en el nuevo texto en el que se está trabajando desde la agencia. El resto de firmas multadas son Milanuncios, Niumba y Fotoalquiler. «Debemos ser firmes en el cumplimiento de la ley y en la defensa de un modelo turístico basado en la profesionalización y en la calidad. No hay que confundir economía colaborativa con la picaresca, el intrusismo y el fraude», sentenció el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.
El informe contrario de Competencia no hizo retroceder a Colomer en su momento, ni lo ha hecho a la hora de resolver los expedientes. «El dictamen de Competencia no tiene un alcance definitivo para nosotros. Respetamos su valoración, pero no la compartimos», manifiesta el secretario autonómico, quien añade que su departamento tiene total competencia para imponer las multas a las mercantiles.
A los tribunales
Con la imposición de estas sanciones se abre la puerta a futuras batallas en los tribunales entre la administración valenciana y las compañías. De hecho, Airbnb anunció ayer que apelará la multa. «Estamos decepcionados por esta decisión y apelaremos. La normativa actual en la Comunitat no reconoce de manera clara la posibilidad de que un particular pueda compartir su propio hogar, ni los beneficios que esta actividad supone para muchas familias y comercios locales», afirma la compañía, que asegura haber informado a todos sus anfitriones sobre las normativas locales.
Este escenario ya cuenta con los antecedentes de Cataluña, donde un juzgado tumbó la multa impuesta por el ejecutivo autonómico al entender que «ofrecer intermediación no está anudado a la exigencia de una habilitación turística específica».
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