Las Provincias

Cristóbal Montoro destroza las cuentas de las empresas

  • Hacienda dispara hasta un 87% el coste fiscal para las empresas que estuvieron en pérdidas por la crisis y que ahora se asoman a la recuperación

  • El último cambio del Impuesto de Sociedades perjudica a las grandes compañías

El ejercicio 2016 ha terminado resultando mucho peor de lo previsto para un gran número de empresas valencianas y españolas. La aprobación por parte del Gobierno central del real decreto ley 3/2016 de 2 de diciembre que modifica con efecto retroactivo el Impuesto de Sociedades se ha traducido en un hachazo a las cuentas de resultados de muchas grandes empresas tanto por gravoso como por inesperado.

Así, empresas que esperaban presentar unas cuentas lo más equilibradas posibles después de sobrevivir a los últimos diez años de crisis, se han topado con que el fisco les ponía palos en las ruedas con la limitación de la compensación de las Bases Imponibles Negativas o créditos fiscales, lo que les recortaba su capacidad para acogerse a esa fórmula con la que se cumple igual, pero se sufre menos.

Para entenderlo mejor, hay que tener en cuenta que el Impuesto de Sociedades ha permitido durante la crisis que muchas empresas aplazaran sus pagos a Hacienda hasta que llegaran tiempos mejores. El hecho de estar en pérdidas permitía que la empresa no pagara el impuesto, sino que se generara unos fondos a su favor a los que poder recurrir cuando volviera a beneficios. El objetivo era que el Estado colaborara a no comerse las ganancias y permitir a la compañía fortalecer su músculo. Ese fondo que se había ido constituyendo es la Base Imponible Negativa o crédito fiscal, que se descuenta a la Base Imponible, que es el beneficio de la empresa en el ejercicio sobre la que se aplica el impuesto.

Durante 2016, muchas empresas que facturan más de 20 millones de euros habían hecho sus cuentas en función de la fiscalidad vigente en ese momento. Según eso, al pagar el Impuesto de Sociedades de 2016 podían descontar de esos créditos fiscales hasta un 60% de lo que les correspondiera abonar el terminar ese ejercicio.

Sin embargo, la decisión de Montoro le dio la vuelta al tablero. Lo que antes era igual para todos, pasó a limitarse más para las empresas que facturan más de 20 millones. A partir de esa cantidad, y hasta 60 millones, sólo podrían descontarse el 50%, pero si se facturaba más de 60 millones, el porcentaje quedaba reducido al 25%.

De este modo, la empresa que preveía responder por un 40% de su Base Imponible, se encontró que debía hacerlo como mínimo sobre el 75%. Dicho de otro modo, muchas compañías, sin distinción de sector productivo y unidas por haberlo pasado mal con la crisis, han visto como el impuesto pasaba a costarles un 87% más, teniendo que sacar ese dinero de inversiones y de casi cualquier parte, con el consiguiente quebranto.

«Es una medida marcadamente recaudatoria y que se aleja del principio de capacidad económica», advierte Tomás Costa, abogado del área fiscal del despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira en Valencia. Ese principio viene recogido en el artículo 31.1 de la Constitución Española y establece que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio». Montoro justifica la medida en la necesidad de cumplir con el déficit al que obliga Bruselas, pero Costa señala que no se han tocado otros impuestos que puedan resultar más impopulares. Con estos mimbres, «no es descartable otra reforma para incrementar la recaudación, en función de las desviaciones presupuestarias», advierte.

Tomando el ejemplo de una empresa que facturara menos de 20 millones, obtuviera en 2016 un resultado de 10 millones de euros y dispusiera de la misma cantidad como crédito fiscal por pérdidas de años anteriores, se podría compensar seis millones. A partir de ahí, la Base Liquidable, la cantidad sobre la que se aplicaría el tipo del 25% del Impuesto de Sociedades, pasaría a ser de cuatro millones y el impuesto, de un millón.

Sin embargo, una empresa de entre 20 y 60 millones que hubiera obtenido un resultados también de 10 millones, sólo se podría compensar la mitad (cinco millones), terminando entonces por pagar 1,25 millones, un 25% más de lo que pensaba que le correspondía hasta que Montoro sacó adelante en diciembre la modificación con efecto retroactivo.

Sin embargo, es a las grandes empresas a las que les saltan por los aires las previsiones, ya que, si tenían una Base Imponible de 10 millones y esperaban compensar seis millones, ahora se encuentran que sólo pueden compensar 2,5 millones, viendo como se aplica el impuesto sobre una base de 7,5 millones y teniendo que pagar 1,87 millones, un 87% más.

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