Agevalcee tomará medidas judiciales contra el Servef por el impago de ayudas de 2016

La Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (Agevalcee) ha anunciado que tomará medidas judiciales contra el Servicio Valenciano de Empleo (Servef) al considerar que "peligra la supervivencia" de los trabajadores de las empresas de la Economía Social por el impago de ayudas de 2016.

La Agrupación, que representa al empleo con discapacidad, ha aprobado por unanimidad durante su asamblea general interponer contenciosos administrativos colectivos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra el Servef para "tratar de defender sus intereses y garantizar su subsistencia".

La Comunitat Valenciana cuenta con 126 centros especiales de empleo en los que trabajan más de 8.500 personas, que suponen más del 40 % de los trabajadores con discapacidad contratados en la Comunitat, según un comunicado la Agrupación.

Durante el desarrollo de la asamblea se puso de manifiesto la "situación límite" a la que está llevando el impago de las ayudas al empleo con discapacidad correspondientes a 2016.

Además, se denunció los 28 expedientes (que afectan a unos 24 o 25 centros) que no han sido resueltos por el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación (Servef) y, por tanto, "no pueden cobrar, ni tienen derecho a la ayuda, basándose en la concurrencia competitiva".

"Todos los años nos toca luchar y defender nuestros intereses por los mismos motivos, cuando deberían ser derechos inherentes de los trabajadores que perduraran en el tiempo, y este es el objetivo que debemos conseguir", han añadido las fuentes.

Durante la asamblea se comunicó que "cuatro de los CEEs ha cesado en su actividad por falta de recursos y posibilidades (Den 2.000, Alcer Turia, Albero Artesanos e Instituto de Consultoría y Auditoría).

Por ello, más de 50 personas en riesgo de exclusión social que trabajaban en los mismos se han encontrado sin su puesto de trabajo, añaden las fuentes.

"Los Centros Especiales de Empleo aguantan a duras penas y el retraso en los pagos hace muy difícil su continuidad", han advertido.

También resaltan el agravio comparativo con otras comunidades, ya que autonomías como Aragón, Castilla y León, Murcia, Extremadura o Madrid, entre otras, "han seguido apostando decididamente por estos centros, han publicado sus ayudas con mucha más antelación, manteniéndolas en toda su intensidad, y ya han procedido casi a la totalidad del pago de 2016", indican.

Según la patronal, no es lógico que si la Comunitat Valenciana recibe del SEPE un 30 % o 40 % más para Políticas de Empleo, no se incrementen en la misma proporción las ayudas.

En la asamblea también se aprobó la realización de una iniciativa solidaria donde se recogerán firmas y testimonios de todo el sector de la discapacidad en referencia a la necesaria continuidad de los Centros Especiales de Empleo, así como el tránsito a la empresa ordinaria.

Además, se prevé la realización de una concentración en abril para reivindicar los derechos de dichos centros y de las 8.500 familias de personas con discapacidad que se encuentran en riesgo de exclusión social.

También explicaron de que en el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, les informó de que las ayudas para 2017 se van a mantener con el mismo importe que en el anterior ejercicio, aunque lo consideran "insuficiente en relación al número de trabajadores discapacitados que engloban los centros".

Además, por la obligatoriedad del tránsito de los trabajadores a la empresa ordinaria, la Agrupación se plantea la posibilidad de impugnar la Orden 2017 de ayudas.

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