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Labores de carga y descarga de un barco en el Puerto de Valencia. :: JESUS SIGNES
La estiba hunde la actividad del Puerto de Valencia un 40% y la negociación se atasca en Madrid

La estiba hunde la actividad del Puerto de Valencia un 40% y la negociación se atasca en Madrid

La reunión entre sindicatos y patronal termina sin acuerdo, mientras en Valencia la 'marcha lenta' frena más la productividad

Á. MOHORTE / D. VALERA

Miércoles, 1 de marzo 2017, 00:39

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El Puerto de Valencia sigue sufriendo en exclusiva los rigores de la negociación nacional entre patronal y sindicatos. Mientras concluía sin acuerdo la reunión de ayer para regular las nuevas condiciones del colectivo que no incluye el real decreto aprobado el pasado viernes por el Gobierno, en el Puerto de Valencia se registraba el mayor recorte de producción de las últimas dos semanas.

Después de estar desde el 15 de febrero con una rebaja media de productividad de entre el 30 y el 35%, ayer el descenso llegó a ser del 40%, según fuentes portuarias. El procedimiento aplicado por los estibadores en esta huelga no declarada consiste en frenar los ritmos de trabajo con la llamada 'marcha lenta' y se agudizó tras denunciar el lunes la patronal que el Puerto de Valencia carga con 2,5 millones en pérdidas diarias, se han desviado 17 barcos y que hubo episodios de vandalismo.

Mientras tanto, en Madrid se reiteraba que la huelga de la estiba seguirá adelante y no se desconvocará hasta que el Gobierno retire el decreto que liberaliza el sector. El líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, insistió tras el encuentro con la patronal en que la nueva normativa es la «causante» de esta situación. Así, para evitar los nueve días de paros previstos -comienzan el próximo lunes y se prolongarán en días alternos durante tres semanas- pidió al Ejecutivo que dé marcha atrás para poder abrir una «negociación de verdad».

En realidad, el margen para evitar la huelga se reduce enormemente. A pesar de que los sindicatos y la patronal Anesco consideraron «positivo» el encuentro y se comprometieron a seguir hablando, lo cierto es que ambas partes se levantaron de la mesa sin ninguna fecha concreta para retomar el diálogo. Será el mediador designado por el Gobierno -el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña- quien tendrá que proponer el día para volver a sentarse. La idea es que sea antes de los paros. Sin embargo, Peña reconoció que la negociación será «lenta, farragosa y pesada».

De esta forma, a Fomento se le acumulan los problemas. El conflicto laboral se mantiene, lo que puede provocar un serio perjuicio para el comercio y las exportaciones. «La huelga, además de causar un daño importante a la economía española, supone un elemento de distorsión en el diálogo», afirmó el ministro de Fomento, Íñigo De la Serna. De hecho, recordó el impacto que ya está causando el conflicto a los puertos españoles y cifró en 50 millones las pérdidas que cada jornada de huelga provocaría. Además, De la Serna aseguró que ante el anuncio de huelga «hay empresas que están programando desvíos a puertos de otros países». El otro frente abierto en el departamento tiene que ver con el rechazo de la oposición a la reforma. De momento, no ha conseguido el apoyo de ningún grupo para convalidar el decreto. El plazo acaba el 24 de marzo.

2.400 millones al PIB

Para tratar de encauzar ambas situaciones el Ejecutivo puso este martes algunos datos sobre la mesa. Para empezar, defendió que la reforma permitirá un aumento del PIB de 2.400 millones al tiempo que reducirá los costes portuarios un 30% e incrementará las exportaciones un 0,2%, según consta en la memoria económica de la normativa. Asimismo, advirtió del riesgo que pueden suponer los paros. Por ese motivo pidió a ambas partes mantener un diálogo «tranquilo y sereno».

Por otra parte, para tratar de convencer a los distintos grupos el ministro apeló a la «responsabilidad» y recordó que la normativa responde a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE cuyo incumplimiento costaría a España una multa de 134.000 euros por cada día de retraso en su aplicación. Por el momento, estos argumentos no han convencido a los distintos grupos. Así, el PSOE ya adelantó que «en los términos actuales» no apoyará el decreto. También desde Unidos Podemos mostraron su rechazo al considerar que supone una «pérdida» de derechos laborales.

La reforma gubernamental elimina la obligación de las adjudicatarias de los servicios de estiba de pertenecer (y pagar la cuota correspondiente) a una de las actuales Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (Sagep), de las que existe una en cada puerto y que hasta ahora controlan a quienes contratan aquellas. Se pretende acabar con ese monopolio en un plazo de tres años, en los que perderá gradualmente su peso para convertirse finalmente en una empresa de trabajo temporal (ETT) y operar solo como agencia de colocación.

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