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Grúas en el Puerto de Valencia. :: irene marsilla
Pulso en el Puerto de Valencia

Pulso en el Puerto de Valencia

El Estado se prepara para una de las huelgas más duras de las últimas décadas mientras busca apoyos en el Congreso

ÁLVARO MOHORTEELÍSABETH RODRÍGUEZ

Domingo, 26 de febrero 2017, 19:50

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Valencia. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el real decreto ley que pretende acabar con el sistema actual de contratación de la estiba, encargada de las labores de carga y descarga en los puertos. Sin embargo, el camino que falta por recorrer hasta alcanzar ese objetivo, exigido por una sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo, es por lo menos de un mes. Es el plazo con el que cuenta el Gobierno para recabar la mayoría parlamentaria necesaria con la que ratificar en el Congreso de los Diputados la nueva norma. Un periodo que, además, coincide con la huelga anunciada por los trabajadores, que serán nueve días alternos, repartidos a lo largo de tres semanas a partir del día seis de marzo.

Hasta entonces, los puertos españoles, y especialmente el de Valencia, están y van a seguir estando sometidos a un pulso en el que todos los intervinientes se juegan mucho. «Ni un paso atrás», clamaban el pasado viernes a un sola voz los estibadores del Puerto de Valencia en una asamblea tras la aprobación de la normativa.

En esta tesitura, el Gobierno trabaja ya con el probable escenario de paros, asegurando el suministro de productos básicos mediante los servicios «mínimos», que serán del 100% en las operaciones que afecten a mercancías perecederas. De manera paralela, sindicatos y patronal continuarán la negociación de su convenio colectivo mientras el Parlamento debate, por otro lado, el decreto.

Para entender el conflicto, hay que señalar que el escenario se compone de tres actores, con sus respectivos intereses. El colectivo estibador ve amenazados sus puestos de trabajo y sus altas retribuciones y la posibilidad de dejar en herencia el puesto de trabajo a quienes quieran. Las empresas, por su parte, se tendrán que enfrentar a los rigores de la economía de mercado al tener que pasar a competir con nuevas compañías. Mientras, el Gobierno trata de escapar de una multa millonaria por parte de Bruselas, que ya tumbó sistemas similares al español en Francia o Bélgica.

Estos últimos días, en el Puerto de Valencia se ha ido adelantando la ración de conflictos. Mientras el resto de recintos portuarios funcionaban con normalidad, en el valenciano los estibadores frenaban el ritmo de sus labores hasta reducir la productividad un 35%, lo que provocó que más de una docena de barcos tuvieran que ser desviados a otras instalaciones. Esto ha favorecido a recintos que son competencia directa, como Barcelona -pese al supuesto compromiso de los estibadores españoles de no descargar buques de otros puertos-, aunque principalmente se desviaron a Gioia Tauro en Italia y Sines en Portugal.

Desde las mercantiles portuarias se denuncia esta situación y se sospecha que el puerto valenciano sea un arma en manos de los estibadores, como lo han sido a nivel estatal las amenazas de huelga. De hecho, ahora que el conflicto pasa a otro nivel, se prevé una escalada de la tensión que recuerde a los tiempos de las grandes movilizaciones portuarias de los años 80.

Sin embargo, en este tablero hay tantas cartas boca arriba como boca abajo, según se acusan mútuamente los distintos implicados. Así, la decisión de Fomento de echar para delante y llevar al Parlamento un real decreto que quizás no salga aprobado tiene también una función instrumental de cara a Bruselas. Por una parte, sirve para advertir a las autoridades comunitarias que el Ejecutivo ha cumplido con la exigencia de cambiar la norma, por lo que sería injusto sancionarle sin darle un tiempo extra para convencer a los otros partidos. Y, si cae la sanción, se puede acusar del coste de la multa a las formaciones que no le hayan dado su apoyo para sacar adelante la reforma.

Por otra parte, el Ministerio de Fomento decidió apartar del real decreto los aspectos más espinosos exigidos por los trabajadores -como establecer un registro de estibadores- y los relegó a la negociación colectiva. Esto se interpreta como un jugada táctica: los estibadores y las empresas se encargan de resolver las reivindicaciones más complicadas por su cuenta. Ahora bien ¿qué sucede si lo acordado entre ambas partes sigue vulnerando la norma comunitaria? que en ese caso la multa recaería sobre las empresas y los estibadores y no sobre el Estado. También podría darse el caso de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denunciara ese acuerdo entre las partes, como ya ha ocurrido en el puerto de Vigo, donde el órgano regulador sancionó a la patronal y sindicatos por un pactar unas condiciones laborales y de servicio que contravienen a Derecho.

Los sindicatos entienden que el decreto «esconde un expediente de regulación de empleo» para los 6.156 trabajadores del sector y consideran que excede los límites establecidos por la sentencia comunitaria. En su opinión, la sentencia ha sido utilizada para iniciar una «desregulación salvaje», cuyos «máximos beneficiarios» serán las empresas multiservicio y de trabajo temporal.

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