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Miércoles, 22 de febrero 2017, 00:58
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La patronal autonómica, a liquidación y cierre. Los peores pronósticos se cumplieron ayer para Cierval con la decisión de sus socios, por unanimidad, de darla por quebrada y solicitar de inmediato el concurso voluntario de acreedores, en la modalidad de liquidación, sin dejar que expirasen los cuatro meses que solicitó a finales de diciembre para intentar salvarse. «Cuando las cosas están tan claras y no hay ninguna posibilidad, cuanto antes se acaben, mejor», señaló a LAS PROVINCIAS el presidente de la organización, José Vicente González.
Como ya hiciera al anunciar el preconcurso, en diciembre, González culpó del lamentable desenlace de Cierval a las patronales de Alicante (Coepa) y Castellón (CEC), por impago de cuotas y por los reintegros abonados a la administración en su nombre por mala ejecución de acciones de formación y prevención de riesgos. En 2015 sus cuentas se tiñeron de rojo por este motivo, con pérdidas superiores al millón y medio, 895.186 euros correspondientes a la concursada CEC -126.849 por impago de cuotas y el resto, reintegros- y los otros 597.620 a Coepa -471.127 por cuotas-, a la que perdonó el 95% de la deuda para que superase su propio concurso. Poco después los empresarios de Alicante retiraron su apoyo a la refundación pactada a cambio, y anunciada por unos entonces eufóricos dirigentes patronales, básicamente porque preveía un nuevo reparto de poder que les privaba de buena parte de los ingresos públicos. Cabe recordar que, cada año, patronal y sindicatos se reparten 5,2 millones por participar en órganos tripartitos.
Con ese acuerdo roto y la propuesta de fusión con la CEV descartada por temor a que arrastrase a la única patronal saneada de la Comunitat, la reclamación de 600.000 euros por parte de la Generalitat, por acciones de prevención de riesgos laborales entre 2008 y 2010, precipitó el camino de Cierval hacia los juzgados de lo mercantil. Ni siquiera aprobó las cuentas de 2016 en la asamblea que retrasó medio año para intentar encontrar una solución que, finalmente, pasará por la conversión de la CEV en autonómica en la asamblea del día 3 de marzo.
Competencias
A Cierval le corresponde ejercer funciones de representación institucional y participar en la negociación colectiva, junto a los sindicatos, igualmente consagrados por la Constitución como organizaciones básicas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. De esas competencias de interlocución y negociación de convenios, sin dueño tras la quiebra, deberá hacerse cargo cuanto antes la futura patronal autonómica, construida a partir de la CEV y que no esperará a la liquidación oficial de su antecesora, según fuentes empresariales.
«Quien quiera sumarse, que se sume», siempre que pague, afirmó hace quince días su presidente, Salvador Navarro, que ayer prefirió ceder protagonismo. Navarro, que ya relevó a González al frente de la CEV, ya esbozó sus planes para cubrir el hueco de Cierval, sin incurrir en la temida sucesión de empresas. El 30% de la asamblea será para empresas y el otro 70% para sectores, consejos provinciales con función representativa y colegios profesionales.
Entre los llamados a sumarse, el presidente de Coepa, Francisco Gómez, abrió la puerta ayer a esta opción tras la decisión de «no alargar la agonía» de Cierval, aunque sin «ceder ni un milímetro» a la hora de mantener su personalidad jurídica y capacidad de obrar. Néstor Pascual, presidente de la gestora de la CEC, coincidió en que «no había otra solución», sin entrar en las responsabilidades que podrían derivarse de la liquidación y que, previsiblemente, sólo podría afrontar la CEV.
La desaparición de Cierval, sentenciada entre otros motivos por el presunto fraude de la CEC con fondos públicos para formación que investiga un juzgado de Nules, llega tras meses de llamadas a «arrimar todos el hombro» para pactar la refundación. A la vuelta de Navidad quedó claro que González difícilmente sacaría adelante la reforma patronal con la que pretendía despedirse del cargo. Ayer, los órganos de gobierno de Cierval agradecieron su labor y la realizada por los trece trabajadores, en un contexto de recortes y dificultades económicas.
Desde la CEV, a mediados de enero, se plantaron con un ultimátum a sus socios de Alicante y Castellón. Los empresarios de Valencia ya no estaban dispuestos a asumir más de lo que les corresponde para salvar Cierval y fijaron una serie de deberes «irrenunciables» para abordar su futuro, el más apremiante pagar antes del 27 de febrero los 600.000 euros que les reclama el Consell.
La CEV reservó los 220.000 euros que le corresponden pero ni la CEC puede aportar sus 250.000 ni Coepa, que aún lucha por su viabilidad, el resto. Además, la factura de Castellón se elevaba en cerca de 400.000 euros más, con las exigencias sobre expedientes en curso, y se dispararía por el reintegro de subvenciones y la responsabilidad civil derivada del proceso penal por irregularidades en la formación, valorado en 1,8 millones de euros, en el que sigue imputada Cierval.
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