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Empresas de la estiba, sindicatos y representantes de Fomento, con el ministro Iñigo de la Serna, en una reunión esta semana. :: e. agudo
El conflicto de  la estiba obliga  a desviar seis barcos en Valencia

El conflicto de la estiba obliga a desviar seis barcos en Valencia

La huelga encubierta de los estibadores que denuncian las empresas hace perder 6.000 descargas desde el jueves y dispara el coste

Á. MOHORTE / J. A. BRAVO

Domingo, 19 de febrero 2017, 00:02

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Los estibadores del Puerto de Valencia no están en tregua. A pesar de que los sindicatos acordaron con el Ministerio de Fomento suspender la huelga prevista, volviendo los puertos a la normalidad al menos hasta el próximo viernes, en el caso valenciano se ha reducido la productividad desde el jueves un 30% por medio de la 'marcha lenta', la ralentización injustificada de carga y descarga.

UNA FACTURA ELEVADA

Esto ha hecho que seis barcos se hayan desviado a otros puertos, al no poder ser atendidos, según fuentes portuarias. La situación significa la pérdida de 6.000 movimientos desde las 20:00 del jueves, con el acuerdo con Fomento ya en vigor. Los transportistas también denuncian que los retrasos les han incrementado un 25% los costes.

Aunque las empresas se reunieron ayer por la mañana para hacer una estimación de daños, lo cierto es que no se concretó el efecto exacto. En todo caso, la marcha lenta hace que una descarga pase de durar un día a durar dos, con el consiguiente incremento de coste, teniendo en cuenta que el flete le sale a cada barco a 50.000 euros por día.

Hace apenas dos semanas muchos ciudadanos habían oído hablar más bien poco de los estibadores, sobre todo los de menos edad. A otros ese nombre les sonaba a conflicto en los puertos, pues se acordaban de las huelgas vividas años atrás en ellos, normalmente ante eventuales cambios en el sector.

Las últimas protestas generalizadas fueron en 2010 a raíz de la Ley de Puertos pactada entonces por PSOE y PP. Pero detrás de esta actividad, que consiste básicamente en la carga y descarga de los barcos que llegan a España, hay una serie de luces y sombras que conviene conocer para valorar el conflicto actual que aún amenaza con paralizar a corto plazo las instalaciones portuarias que mueven cada año mercancías por valor de 200.000 millones de euros, el 20% del PIB, pues suponen el 86% de las exportaciones del país y el 60% de las importaciones.

Cómo funciona el sector

Las empresas que quieran resultar adjudicatarias de los servicios de estiba tienen que inscribirse en el registro de Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (Sagep). A su vez, deben aportar capital, convirtiéndose en accionistas.

Su segundo vínculo forzoso con aquellas es de orden laboral. Cada compañía debe tener un 25% de estibadores propios pero que han de ser contratados con la Sagep (hay una en cada uno de los 46 puertos del país considerados de interés general, aunque todas están vinculadas), mientras que el resto son cedidos temporalmente por dicha sociedad.

Origen del conflicto

Salvados sin grandes cambios anteriores intentos de reforma a escala nacional, ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que tomó la iniciativa. El 11 de diciembre de 2014 dictó una resolución ordenando que el sector se abriera a la competencia, al considerar que en la práctica opera casi como un coto cerrado por sus propias limitaciones autoimpuestas.

Y, según el Ministerio de Fomento, como «líneas rojas» en esos cambios puso el mantenimiento de las Sagep en sus términos actuales, las limitaciones a la libre contratación y la creación de un registro profesional que pudiera condicionarla.

Los puntos de la reforma

El Gobierno trató de negociar los cambios con la Comisión Europea mientras dilataba los tiempos. Finalmente, y ante la amenaza firme de multas, ha elaborado un decreto ley que, en primer lugar, elimina la obligación de las adjudicatarias de los servicios de estiba de pertenecer a una sociedad y que ésta, a su vez, controle a quienes contrata.

Las Sagep podrán así optar por desaparecer o convertirse en empresas de trabajo temporal (ETT). En cualquier caso, coexistirían con los Centros Portuarios de Empleo, que supervisarán que todos los estibadores tengan una titulación necesaria, aunque no será necesario, sin embargo, para quien acredite al menos 100 jornadas de trabajo en estos servicios en cualquier país de la UE. Estos cambios se harán en tres años.

Fomento alega que sin reforma a España le caería una segunda multa, a unir a los 21,5 millones ya impuestos desde Bruselas. Sin embargo, fuentes comunitarias apuntan que esas sanciones aún no son firmes para el TJUE y podrían dilatarse hasta el verano.

El Ministerio de Fomento, salvo nuevo cambio en sus planes, solo ha aplazado una semana -hasta el Consejo de Ministros del próximo día 24- la aprobación de su polémico decreto para la reforma de la estiba. Pero pese a que ese anuncio se produjo el miércoles, patronal y sindicatos no tienen previsto reunirse hasta este martes... y además ni siquiera han confirmado todavía esa fecha. Desde la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) dicen que la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Asneco) no ha respondido aún a sus requerimientos, «ni fecha de reunión ni confirmación de las materias objeto de negociación». Esta patronal, por su parte, afirma estar sorprendida porque ya comunicaron a sus interlocutores que se verían las caras el martes.

millones apróximadanente le cuesta cada año a las autoridades portuarias, dependientes del Estado, costear los servicios de estiba en sus instalaciones.

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