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I. H.
Domingo, 12 de febrero 2017, 16:55
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Los trabajadores de las empresas calcinadas en Fuente del Jarro rompían a llorar al ver el desastre dejado por las llamas. Habían perdido hasta el DNI. Muchos de ellos llevan décadas en Gourmet, Caselli o Arppe y, al igual que la plantilla de Indukern, que llegó al polígono en 2005, se enfrentan ahora a un panorama complicado.
Un incendio se considera fuerza mayor y, como tal, los negocios que confíen en seguir adelante -ahora o en un plazo breve- pueden tramitar de urgencia una suspensión colectiva de contratos por esa causa. Según explica Victoria Villanueva, abogada de Cuatrecasas, eso implica que los trabajadores mantienen su contrato y van al desempleo, con la prestación habitual del 70% de la base reguladora los primeros seis meses y el 50% a partir del séptimo, a no ser que reciban ayudas, como sucedió en Campofrío, donde empresa y Gobierno autonómico complementaron los salarios hasta la reapertura dos años después.
En ese caso, la firma negocia con sindicatos las condiciones del proceso y sigue cotizando por su plantilla pero puede pedir un año de bonificación del 100% de la cuota.
En el peor de los escenarios, si la empresa no tiene posibilidades de recuperarse del fuego ni de recolocar a su plantilla, iría a un despido colectivo por fuerza mayor, con una indemnización mínima de 20 días por año con un tope de 12 meses.
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