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Á. MOHORTE
Sábado, 28 de enero 2017, 22:00
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La campaña para la detección de apartamentos turísticos ilegales en la Comunitat Valenciana ha elevado las altas en el registro de alquileres de viviendas turísticas del Consell en los últimos tres años hasta sumar un total de 23.079 inmuebles inscritos, según los datos facilitados por la Agencia Valenciana de Turismo.
Una vez cerrado el año, se constata como, si en 2014 la Generalitat tenía registrados 3.853, en 2015 se sumaron otras 6.385 tras la campaña de inspecciones y en 2016 se incorporó al listado otros 12.841 tras la intervención de la policía. Alicante es la que más alojamientos tiene registrados, con 12.892; seguida de Castellón, con 5.313; y Valencia, con 4.874. En todo caso, esta progresión está muy lejos de aproximarse a la cifra estimada por el sector turístico. De hecho, sólo en la ciudad de Valencia se tiene constancia formal de una oferta de 1.000 inmuebles, mientras que el propio consistorio cifra en más de 5.000 la que presenta uno de los operadores web principales, la multinacional Airbnb.
El fenómeno del alquiler de apartamentos turísticos se ha disparado en los últimos años con la proliferación de webs que conectan a los propietarios y los turistas, quienes consiguen alojamiento a un precio más barato que por la vías tradicional. Sin embargo, la falta de control de esta actividad ha abierto tres frentes a la administración local, autonómica y fiscal.
Por una parte, los vecinos denuncian el comportamiento incívico de muchos arrendatarios, mientras que el sector hotelero advierte que se trata de competencia desleal y que es una actividad económica que se practica, en la mayoría de los casos, abiertamente en la economía sumergida.
Así como la Agencia Tributaria ha puesto en marcha su propia iniciativa de detección de fraude fiscal en este negocio, la Generalitat está realizando las inspecciones 'in situ' y a través del seguimiento de los anuncios que se realizan en portales de internet.
Concretamente, en 2016 la campaña se ha llevado a cabo principalmente en verano con la colaboración de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, mediante la participación de la policía autonómica, adscrita al Cuerpo Nacional de Policía. Las zonas que se trabajaron más afondo fueron Torrevieja, Benidorm, Xàbia y Altea en la provincia de Alicante; Gandía, Sagunto, Cullera, Oliva y Xeraco en la de Valencia; y Oropesa, Benicassim, Peñíscola y Alcossebre en la de Castellón.
Con este objetivo, desde la Agencia Valenciana de Turismo se quiere mejorar e incrementar la colaboración con la policía autonómica y se está estudiando poner en marcha una experiencia piloto de colaboración con las policías locales de diversos municipios costeros, lo que puede ser más efectivo por su proximidad.
Colaboración con sanciones
Además, el departamento que dirige Francesc Colomer quiere continuar con el rastreo de anuncios irregulares que se puedan localizar por internet y remitir notificaciones a sus comercializadores para su corrección o eliminación. De este modo, se estaría buscando la colaboración de las plataformas que, precisamente, Turismo quiere sancionar por incluir oferta ilegal, pese a la oposición de la Conselleria de Economía.
A finales de diciembre, la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat -dependiente del departamento de Rafael Climent- publicó un informe en el que eximía de responsabilidad a las compañías comercializadoras. Este obstáculo se al precedente judicial de Cataluña, donde el juzgado de lo contencioso-administrativo número 11 de Barcelona anuló, el pasado mes de diciembre, la multa de 30.000 euros impuesta a Airbnb, tras la aceptación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del recurso que presentó la compañía.
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