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La patronal de la estiba plantea para Valencia un recorte de salarios y personal

ELÍSABETH RODRÍGUEZ

Viernes, 20 de enero 2017, 00:41

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valencia. La patronal estatal de la estiba, Anesco, dio ayer un paso en firme para proponer nuevas condiciones laborales a cambio de apoyar al sindicato mayoritario, Coordinadora, en su propuesta para reformar la normativa del sector -que está pendiente desde que en 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara ilegal el sistema de contratación de los estibadores en España-.

La patronal, que se reunió ayer con representantes sindicales y políticos para ahondar en el próximo marco legal, puso sobre la mesa una propuesta de máximos. En un documento anexo -al que tuvo acceso LAS PROVINCIAS- se plantean medidas muy ambiciosas que chocan de pleno con las exigencias de los estibadores. En el caso del Puerto de Valencia, Anesco propone un recorte de funciones, salario y personal.

Por ejemplo, se establece una reducción de cuatro trabajadores en la composición de cada mano para contenedores -actualmente cada uno de estos grupos se compone de 18 personas-. Entre las peticiones, también destaca la imposibilidad de que los estibadores se encarguen de las tareas complementarias, lo que tumba una de sus principales reivindicaciones. Sin esta tarea, la profesión se restringiría a labores de carga y descarga, lo que dejaría a muchos estibadores sin poder ejercer, a menos que consigan la titulacion de Formación Profesional requerida para la estiba y desestiba.

«Las partes consideran que, junto a la modificación legal derivada del cumplimiento de la sentenciadel TJUE y a la revisión del marco convencional del sector, se deben adoptar medidas que permitan optimizar y reducir los costes operativos, a través de la flexibilización de las condiciones», explica el escrito.

Cabe recordar que el pasado 13 de julio, la Comisión Europea interpuso un recurso en el que anunciaba sanciones millonarias para España si no aplicaba la sentencia. Bruselas planteó una sanción coercitiva de 134.107 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia y 27.522 euros por cada día que se mantenga desde el dictamen de 2014.

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