Borrar
Varias personas leen un cartel contra el alquiler de apartamentos turísticos ilegales. :: juan j. monzó
Los hoteleros reprochan al Consell que nunca se ha cerrado un apartamento ilegal en Valencia

Los hoteleros reprochan al Consell que nunca se ha cerrado un apartamento ilegal en Valencia

Los empresarios turísticos reclaman a las administraciones mayor control, inspecciones y sanciones «más que una normativa bonita»

INÉS HERRERO

Martes, 17 de enero 2017, 23:22

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

«No pedimos tanto una normativa bonita como una aplicación real, que se actúe contra la oferta ilegal». Eso es lo que reclamaron ayer los empresarios hoteleros a la administración, a la que reprochan que en Valencia no se ha cerrado «ningún piso turístico ilegal».

«Puedes tener la ordenanza que lo regula pero si no haces inspecciones, aplicas sanciones y cierras, como si no hay nada», recalcó Luis Martí, presidente de la Federación Hotelera, que agregó que en la Comunitat «la norma existe pero es necesario que se aplique» y sólo hay cuatro inspectores dedicados al tema.

Martí, que copreside la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunitat junto a Manuel Espinar, de la Federación de Hostelería, reclamó ayer al Consell que, en la futura Ley de Turismo, concrete cómo luchará contra la oferta ilegal, a la que el sector achaca, en parte, el único dato negativo registrado en un 2016 «excepcional»: la caída en un 3% del ingreso por turista extranjero, por quinto año consecutivo.

Y aportó un dato para ilustrar «el devastador efecto negativo del crecimiento descontrolado e irregular del alquiler de viviendas turísticas». Entre 2014 y 2016, la oferta legal creció un 1,6%, mientras que la oferta ilegal se disparó un 74,8%, hasta superar los 1,7 millones de plazas en España y 170.000 en la Comunitat. «Casi el 50% de todas las plazas de alojamiento son ilegales, algo absolutamente inaceptable», sentenció.

Causa de la 'turismofobia'

Por este motivo, los hoteleros reclaman a la administración una aplicación real de la normativa, con mayor control, inspecciones y sanciones a estos alojamientos ilegales, que sitúan en el origen de la «turismofobia que se vive en muchas ciudades» por las molestias que ocasionan a los vecinos. De hecho, es habitual leer este tipo de quejas en los carteles que algunos afectados de Valencia lucen en sus balcones.

Según Luis Martí, los ayuntamientos disponen de más recursos para erradicar el alojamiento ilegal, por cercanía y por contar con policías locales que deberían «hacer cumplir la ley», mientras que la Generalitat, además de reforzar la exigua dotación de inspectores, podría llegar a acuerdos con la Agencia Tributaria para aumentar las inspecciones, con capacidad sancionadora.

En el listado de reivindicaciones, además de una «estrategia contra la mal llamada economía colaborativa, con normativa y mecanismos de control eficaces», citaron la «insuficiente asignación presupuestaria a promoción turística» y urgieron a impulsar la actividad en temporada baja con el Imserso autonómico y programas provinciales similares que echaron de menos en 2016.

En la rueda de prensa de balance turístico del pasado año, en la que ratificaron que hubo récord de visitantes pero la Comunitat sigue a la cola en gasto medio, exigieron también una «coordinación real de las políticas turísticas», el desarrollo del decreto de coordinación del Consell que recurrieron las Diputaciones de Alicante y Castellón y que, en el nuevo órgano paritario entre el sector público y privado, se aclare quién es quién, si las universidades o Cámaras son públicas o no. «Si colocan cosas privadas que realmente no lo son, la gobernanza se queda como ésta», advirtieron desde la Confederación de Empresarios Turísticos.

De la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad reclaman, además, que incluya en los registros de oferta autóctona a los locales de ocio nocturno y catering, y del Plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral (Pativel), que compatibilice la oferta turística con la protección medioambiental.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios