Las Provincias

La patronal de Valencia da un ultimátum de mes y medio a CEC y Coepa para salvar Cierval

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro. :: Irene Marsilla
El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro. :: Irene Marsilla
  • Los órganos de gobierno de la CEV supeditan la viabilidad de la matriz a que Castellón y Alicante paguen las cuantías que reclama la Generalitat

valencia. Los órganos de gobierno de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) fijaron ayer sus límites para diseñar el plan de viabilidad de Cierval, en preconcurso de acreedores tras elevar de 900.000 euros a millón y medio las pérdidas de 2015 por los impagos de cuotas y las deudas asumidas, o que deberá asumir Cierval, en nombre de Coepa (Alicante) y de CEC (Castellón).

La organización que preside Salvador Navarro, la única saneada, dejó claro en un duro comunicado que no está dispuesta a asumir más de lo que le corresponde. Entre los deberes «irrenunciables» para poder abordar el futuro de Cierval, da de plazo hasta el 27 de febrero para abonar los 600.000 euros que reclama la Generalitat por acciones de prevención de riesgos de 2008 a 2010.

Desde la CEV aseguran tener dotados los 220.000 euros que les corresponden, además de contar con un fondo de maniobra de un millón de euros, y exigen a la CEC, en concurso de acreedores, que abone los cerca de 250.000 euros, y a Coepa, que lucha por su viabilidad tras superar el suyo, que aporte el resto.

Para la patronal de Valencia ya no se trata únicamente de sacar adelante la refundación patronal pactada primero y frustrada, después, por las reticencias de Coepa al nuevo reparto de poder, en el que las provinciales diluirían su peso hasta un 10% gratuito cada una, ampliable a un máximo del 30% previo pago, para dar entrada a empresas (30%) y sectoriales (40%), a razón de «una cuota, un vocal».

Ahora, supedita la viabilidad de la organización autonómica a que sus socios fundadores asuman «las responsabilidades derivadas de la gestión autónoma de los programas y convenios» relativos a Cierval y afronten, «de forma inmediata, los requerimientos, habidos y por haber, de la administración por irregularidades en la gestión».

Al ultimátum de mes y medio para abonar los 600.000 euros que vencieron el pasado 20 de diciembre, añade la exigencia de que la CEC y Coepa se comprometan, mediante documento público, a satisfacer o presentar aval bancario sobre las cantidades que pudiera requerir la administración en relación a los expedientes en curso. Eso elevaría la abultada factura de la CEC en cerca de 400.000 euros más, según fuentes conocedoras de la situación.

No obstante, el requisito más peliagudo para Castellón es contemplar el reintegro vinculado a las subvenciones si lo exige la administración, así como la responsabilidad civil derivada de ilícitos penales, ya que el proceso penal por irregularidades en la formación, en el que sigue imputada Cierval, está valorado en 1,8 millones de euros. Desde la CEV también recuerdan que los fondos de la Ley de Participación Institucional solo cubren los gastos previstos en la norma, no el resto.

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