Las Provincias

Puerto Mediterráneo presiona al Consell con una sentencia que desautoriza su rechazo

Simulación del complejo comercial y de ocio Puerto Mediterráneo, proyectado en Paterna por Intu Eurofund. :: LP
Simulación del complejo comercial y de ocio Puerto Mediterráneo, proyectado en Paterna por Intu Eurofund. :: LP
  • El promotor del proyecto se apoya en el TSJ para desmontar el informe de Obras Públicas al que se achacó la memoria ambiental desfavorable

Los impulsores de Puerto Mediterráneo siguen peleando por resucitar el complejo comercial y de ocio proyectado en Paterna y en el que preveían invertir 863 millones de euros. En esta ocasión, con la advertencia de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de 2009 avala que la CV-35 requiere una zona de protección de 50 metros, no de 100, uno de los principales argumentos empleados por la Generalitat para tumbarlo.

A mediados de octubre, desde Intu Eurofund dejaron claro que consideran irrenunciable el proyecto, reivindicaron los 46 informes favorables acumulados en los cuatro años de tramitación y optaron por buscar una solución amistosa con el Consell y aparcar, de momento, la posibilidad de acudir a los tribunales para reclamar una indemnización millonaria. Los inversores pidieron entonces reunirse con el presidente Ximo Puig, la vicepresidenta Mónica Oltra y la consellera de Obras Públicas, la socialista María José Salvador, que firmó el archivo de la actuación, pero hasta la fecha no ha habido novedades al respecto, según confirmaron ayer a LAS PROVINCIAS desde la Generalitat.

A punto de que expire uno de los dos meses de los que disponen para llevar a los tribunales la decisión del Consell, los promotores de Puerto Mediterráneo hicieron pública ayer una sentencia del TSJCV que avala la aplicación del II Plan de Carreteras en la CV-35, cuestión que les reprochaba la Subdirección General de Movilidad en uno de los informes en los que la Generalitat basó su memoria ambiental desfavorable. En este sentido, advirtieron de que ese fallo de 2009 «podría ser utilizada como doctrina judicial».

Desde Puerto Mediterráneo remarcan que el informe de la Conselleria por el que se desestimó la Actuación Territorial Estratégica (ATE) «no es conforme a derecho» en cuanto a la anchura de la zona de protección de la CV-35. Al respecto, argumentan que si bien la memoria sostiene que el proyecto contraviene la Ley de Suelo no Urbanizable, por incluir una zona de protección en esa carretera de 50 metros, no de 100, la Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró en 2009 que la norma de aplicación es el II Plan de Carreteras y éste sitúa en 50 metros la servidumbre en la CV-35, como vía con una intensidad media superior a 5.000 vehículos al día.

Y agrega que así lo propuso el promotor de la ATE y fue aceptado e informado favorablemente, en la legislatura anterior, por los órganos correspondientes de la Generalitat.

Los inversores reivindican que ese informe, por tanto, «no puede servir de base para la emisión de una memoria ambiental desfavorable y tampoco para la denegación de la aprobación de la ATE ». Y argumentan que los estudios precedentes en materia de carreteras del Servicio de Planificación y el de Proyectos de Infraestructuras de la Consellería «estaban conformes con las zonas de protección planteadas», iguales a las de comercios próximos.

«Falta de rigor»

Para los impulsores de Puerto Mediterráneo, «la falta de rigor técnico y jurídico de la memoria emitida por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental» contraria a su proyecto, por reproches relativos a los accesos, la contaminación atmosférica y la disponibilidad de recursos hídricos, «afecta a todas y a cada una de las razones esgrimidas» por el órgano que preside el secretario autonómico de Medio Ambiente y portavoz de Els Verds, Julià Álvaro.

Así, recuerdan que la CHJ, en respuesta a la Generalitat, reiteró recientemente su posición favorable al proyecto y concluyó que no incrementa el riesgo de inundabilidad y garantiza los recursos hídricos.

Aparte de la protección de la CV-35 y el aval hídrico, el otro escollo era el informe del Ministerio de Fomento presentado como «demoledor» por el Consell para justificar el rechazo a Puerto Mediterráneo, convertido en paradigma del modelo que rechazan los gobernantes de Compromís. Al respecto, cabe recordar que el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, dijo que contiene «aspectos totalmente subsanables», que estaba solventando el inversor, y prometió facilidades.