Las Provincias

Cincuenta organizaciones empresariales cargan contra el plan de envases del Consell

  • El SDDR, al que también se oponen las asociaciones de consumidores, según Cierval afectará a las empresas de envasado

valencia. El manifiesto empresarial en contra de la implantación en la Comunitat del sistema de devolución, depósito y retorno (SDDR) en envases de bebidas refrescantes, zumos, aguas y cervezas que prepara el Consell suma ya cuarenta y siete adhesiones de organizaciones empresariales, del ámbito de la patronal autonómica Cierval, sectoriales y también de otras regiones como Galicia, Baleares, Canarias, Castilla y León, Murcia, La Rioja, Cantabria, Aragón, Andalucía o Euskadi.

En la víspera de una jornada sobre el SDDR de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, desde Cierval hicieron públicos ayer los respaldos al manifiesto que entregaron en julio al Consell y le reclamaron que reflexione antes de implantar su plan de envases.

Para el medio centenar de organizaciones firmantes, el sistema que prepara Medio Ambiente -controlada por Compromís- complicará la gestión y los costes para empresas y consumidores, lo que lastrará la competitividad de las empresas y encarecerá los productos. Entre sus reproches al SDDR, citan que «afecta a la unidad de mercado y complicará la gestión de las empresas al coexistir con el reciclaje aplicado en el resto del territorio español», además de incrementar los costes de producción «por la complejidad logística y de distribución, la diferenciación del etiquetado y la posible tasa administrativa».

Los firmantes reivindican que, «en la actual coyuntura económica, no se deben adoptar medidas que condicionen la competitividad de las empresas sin garantías de obtener unos resultados eficientes», por lo que se ofrecen a colaborar con Medio Ambiente para «identificar las causas de las bajas tasas de reciclado en la Comunitat» y trabajar conjuntamente en medidas de mejora.

El SDDR, al que también se oponen las asociaciones de consumidores, según Cierval afectará a las empresas de envasado, a las de distribución y venta de producto y a los supermercados de barrio, pequeño comercio y negocios de hostelería, además de que generar riesgo sanitario por la falta de control sobre los líquidos contenidos en los envases.