Las Provincias

El Supremo ratifica la multa de 42 millones a las empresas del Puerto por pactar precios

Instalaciones de almacenamiento de contenedores del Puerto de Valencia. :: DAMIAN TORRES
Instalaciones de almacenamiento de contenedores del Puerto de Valencia. :: DAMIAN TORRES
  • El tribunal confirma las sanciones contra la Asociación Naviera, los transitarios y los transportistas, pero anula el resto

El Tribunal Supremo ha ratificado las mayores sanciones a las empresas del Puerto de Valencia que impuso en 2013 la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) por pactar precios. En total se trata de 42 millones de euros que tendrían que aportar la Asociación Naviera Valenciana (ANV), la de transitarios expedidores internacionales y asimilados (Ateia-OLT Valencia), la de empresas de logística y transportes de contenedores (AELTC), la de transportistas de contenedores valencianos (Transconval) y la de autopatronos del transporte de contenedores (Transcont) de la Comunitat.

La delicada situación económica de algunas de estas patronales puede hacer que la sanción ponga en peligro la subsistencia de alguna de las organizaciones más pequeñas y con menor capacidad para afrontar una sanción millonaria, según fuentes portuarias.

Con la decisión, se anula la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado mes de febrero que dejaba sin efecto las multas impuestas a estas cinco y a otras seis asociaciones y entidades. La razón estaba en que la resolución de la CNMC llegó después de expirar los 18 meses que la ley contempla para dictar y notificar sus sanciones. Según destacan fuentes portuarias, el Supremo acepta parcialmente el dictamen de la Audiencia Nacional y anula las sanciones de menos de 600.000 euros.

Así es como se han librado las gestoras de terminales Noatum Ports Valenciana, sancionada con 561.390 euros; TCV Stevedoring Company, que se enfrentaba a 403.096 euros, y Mediterranean Shipping Company Terminal Valencia (MSCTV), a la que se le pedía 252.318 euros. También quedan libres de sanción la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) que había sido condenada a pagar una multa de 200.000 euros y la Autoridad Portuaria Valencia, multada con 100.000 euros.

El proceso se inició cuando la CNMC les condenó por entender que se había alcanzado «acuerdos para fijar los precios y repartirse el mercado en colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y la Conselleria de Infraestructuras y Transportes», desde 1998 y «al menos» hasta que se incoó el expediente en 2011. De hecho, la Conselleria de Infraestructuras se libró de la condena, pero no por no considerársele inocente.

Y es que no fue multada por cuestiones de jurisprudencia. Así, la Audiencia Nacional se ha pronunciado tradicionalmente en contra de las sanciones a entidades públicas y la CNMC prefirió «ser prudente y esperar a que el Tribunal Supremo tenga una jurisprudencia firme sobre si se ha de multar a las administraciones públicas».

Colaboración oficial

De hecho, el Tribunal Supremo no cuestiona que las sanciones fueran justificadas, como establece la sanción de Competencia. En ese sentido, la Autoridad Portuaria de Valencia había participado con el resto de agentes en la adopción de los acuerdos y compromisos, mientras que a la conselleria se le atribuye el desempeño de «un papel activo en la organización y vigilancia de la adecuada ejecución de un acuerdo de fijación de precios» y que, además, haber contribuido «considerablemente a su mantenimiento en vigor y, por tanto, a restringir grave y prolongadamente la competencia».

Este proceso nació del expediente incoado por la Dirección de Investigación de la CNMC en junio de 2011 contra esas asociaciones, la FVET, la APV y la conselleria por prácticas prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ya en junio de 2012, amplió ese expediente a las empresas concesionarias de terminales de depósito TCV, Marítima Valenciana y su sucesora, Noatum, y a MSCTV.

Aunque pueden recurrir la decisión y, en todo caso, confían en poder rebajar el montante de la multa por medio de la negociación, la Asociación Naviera Valenciana (ANV) se enfrenta a pagar 3,3 millones; la Asociación de Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados OLT (Ateia-OLT Valencia), 13,14 millones; la Asociación de Empresas de Logística y Transportes de Contenedores (AELTC), 12,69 millones; la Asociación de Transportistas de Contenedores Valencianos (Transconval), 9,91 millones; y la Asociación de Autopatronos del Transporte de Contenedores (Transcont) de la Comunitat Valenciana, 3,05 millones.