Las Provincias

La anulación del ERE de Feria Valencia pone en peligro la entrada de inversores privados

Acceso por el foro Norte a las instalaciones de Feria Valencia. :: i. marsilla
Acceso por el foro Norte a las instalaciones de Feria Valencia. :: i. marsilla
  • El fallo judicial es un problema añadido a la ya complicada situación de la entidad, que pretende limitar la participación pública a sólo un 40%

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el primer expediente de regulación de empleo (ERE) de Feria Valencia puede tener unos efectos secundarios muy superiores al coste de la reincorporación del personal que busca evitar la institución recurriendo la sentencia.

Fuentes implicadas en la refundación de la entidad no ocultan su profunda preocupación porque este asunto espante a los socios industriales que se quieren incorporar como partícipes en la futura sociedad que ha de gestionar la instalación. Como se anunció el pasado 10 de mayo, la nueva Feria Valencia que aspira a iniciar su andadura en 2017, una vez 'reseteada', quiere ser una empresa mixta, principalmente privada y con ánimo de lucro. De hecho, el proyecto pasa por que la Generalitat asuma el 30%; el Ayuntamiento de Valencia, el 10%; y que el 60% restante pase a manos de distintos socios privados.

Esos nuevos actores no se quiere que sean empresas que aporten sólo capital y tengan a cambio puestos institucionales, sino que también sean capaces de proporcionar negocio. De hecho, las que han llamado a informarse sobre el proyecto son en su mayoría internacionales, aunque Feria Valencia no está entrando en negociaciones con ninguna a la espera de que se complete el proyecto de ley que se está redactando para regular este proceso de reestructuración de la entidad.

El principal problema que le genera a los gestores de la institución la sentencia de nulidad del ERE de 2011 está en que una incorporación de personal que casi duplicaría a la plantilla actual le produciría un grave quebrando económico que difícilmente puede asumir en la actualidad. En ese sentido, el recurso ofrecería un margen de tiempo de varios años para poder actuar con el objetivo de encajar el efecto de una readmisión si el Tribunal Supremo lo revalida, aunque también esto significaría lanzar una mina en la trayectoria futura de la sociedad.

Así, fuentes vinculadas al proceso advierten que la reincorporación de estos trabajadores se interpretaría como «una amenaza» que valorarían los socios privados a la hora de entrar o no en el proyecto y que, en todo caso, condicionaría las exigencias que la Administración valenciana podría imponer a estos inversores privados a la hora de establecer las condiciones de su entrada. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que la entrada de estos partícipes sería a una la nueva sociedad, este proceso sería una sucesión de empresa, con lo que asumirían el personal correspondiente a este proceso y tendría que cumplir con su parte del coste de las medidas subsiguientes. Y es que, de producirse la reincorporación, la empresa requeriría una nueva reestructuración laboral, partiendo de cero, con los correspondiente gasto.

Por el momento, Feria Valencia va a solicitar de la sala de los Contencioso-administrativo del TSJCV una aclaración del fallo, al tener dudas sobre los efectos derivados del mismo. Estas dudas afectan precisamente a la reincorporación del personal, algo que van a reclamar que se haga inmediatamente los abogados de los afectados.

En todo caso, la sentencia ha sido en primera instancia, por lo que no es firme y contra la misma cabe recurso de casación. Como ha señalado en un escueto comunicado la institución ferial, se está estudiando llevarlo al Tribunal Supremo con la idea de que se «paralizaría la ejecución de la sentencia».

El ERE que se ha anulado es el primero que se aplicó en la Feria Valencia y que se remonta a enero del año 2011. El tribunal basa las razones de su anulación en que existió «un fraude de ley» por la reducción injustificada del periodo de consultas a una sola jornada y la falta del informe de la Inspección de Trabajo. La sentencia incide en el echo de que se realizó todo el proceso tan a la carrera que, desde la primera reunión registrada hasta los despidos sólo pasaron 12 días, un tiempo demasiado corto, teniendo en cuenta el número de afectados y la relevancia de la empresa.

Éste fue el primero de los tres grandes ajustes que aplicaron en Feria Valencia en los últimos seis años. Tras los despidos de 2011, acometió año y medio más tarde una rebaja de costes laborales del 20% que se aplicó en función del tramo salarial. Ya en 2014 se tuvo que tomar de nuevo medidas con la recolocación de 41 trabajadores y suspensiones de empleo temporales de 34 más.