Las Provincias

La Generalitat no podrá restringir la libertad horaria en esta legislatura

Compradores en una zona comercial de la ciudad de Valencia, que actualmente cuenta con libertad horaria. :: irene marsilla
Compradores en una zona comercial de la ciudad de Valencia, que actualmente cuenta con libertad horaria. :: irene marsilla
  • La Consell asume que está fuera de su alcance cambiar a corto plazo las zonas de apertura comercial y tendrá que esperar a un fallo judicial

La libertad de apertura comercial en la Comunitat Valenciana no podrá alterarse hasta dentro de unos tres años, más allá de los límites de la actual legislatura. Éste es el plazo que desde la Generalitat se estima para completar la anulación de la actual regulación de las zonas de gran afluencia turística (ZGAT) que pretendía hacer el ejecutivo con el visto bueno del Consell Juridic Consultiu (CJC). Estas áreas tienen como principal ventaja comercial la libertad total de horarios y la apertura en festivo para los comercios de más de 300 metros cuadrados, la razón por la que el ejecutivo valenciano quiere reformularlas para restringirlas.

El dictamen en contra de la anulación que ha emitido el CJC es un nuevo tropieza en la carrera de la Dirección General de Comercio en ese sentido, pero no le obliga a descabalgar. Concretamente, el órgano de asesoramiento de las instituciones valencianas señala que la no participación en el procedimiento de audiencia de determinadas asociaciones y entidades interesadas en el asunto puede ser causa de una anulación, pero no de oficio, que es la que haría el CJC.

El director general de Comercio, Natxo Costa, reconoce que esto les ha impedido «la vía más fácil» y les obliga a emprender la judicial por el Contencioso-administrativo. En todo caso, el dictamen elaborado por los miembros del CJC (renovado en un 50% por el nuevo Consell) ofrece una argumentación para reforzar los argumentos de anulación por la vía judicial, para cuando el Consell tenga que denunciar la norma, elaborada por la misma institución, aunque hayan cambiado sus titulares.

Según señala literalmente que «en una materia sensible como la de horarios comerciales, en la que se encuentran enfrentados intereses y perspectivas diferentes, el hecho de haber tomado una decisión administrativa de gran repercusión económica y social sin haber dado la oportunidad a los interesados de manifestarse hace que el acto administrativo que finalmente se adoptó no haya podido ponderar todos los criterios y posiciones de aquellos».

A partir de esto, añade que «constituye sin duda una irregularidad relevante, pero no de la entidad suficiente para que resulte viable la revisión de oficio instada por la conselleria consultante».

El dictamen, a cuyo expediente se sumó el trámite de audiencia y de alegaciones solicitado por parte de El Corte Inglés el pasado 4 de noviembre, advierte que el Consejo de Estado contempla que «la vía de revisión de oficio exige que concurra una infracción 'manifiesta' de ley, es decir, clara y fácilmente detectable con la simple comparación del acto con la ley», algo que el CJC no aprecia en este caso.

En todo caso, el documento da la razón la anterior Secretaria Autonómica de Economía, María José Mitra, que se negó a regular de nuevo las zonas sin haber cumplido plenamente el trámite de audiencia, como le advirtió la Abogacía de la Generalitat. Las tensiones resultantes de esta decisión, que impidió al actual equipo de la conselleria en Comercio (de Compromís) restringir la regulación, fue una de las razones por las que Mira (en las listas del PSPV-PSOE) salió de esa conselleria para pasar a Hacienda, con titular socialista.

La norma que ha valorado el CJC es la elaborada por el último gobierno del Partido Popular en 2012, por lo que el director general de Comercio echa las culpas a sus antecesores del varapalo. Sin embargo, la portavoz del grupo popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha instado al Consell a dejar de dar «bandazos» sobre los horarios comerciales. Igualmente, le ha reprochado al conseller de Economía, Rafael Climent, de utilizar al CJC para que «se cargue» el decreto que planteó el PP, en lugar de plantear una nueva regulación.

A su vez, el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que recurrirá la sentencia que permite desde el martes abrir a tres centros comerciales discriminados por la actual regulación, como ya consiguió el Media Markt de Cortes Valencianas en la ciudad de Valencia anteriormente.