Las Provincias

Los peritos ratifican ante el juez Pedraz que las cuentas del Banco de Valencia eran falsas

El ex consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, a la derecha, entrando en la Audiencia Nacional. :: josé ramón ladra
El ex consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, a la derecha, entrando en la Audiencia Nacional. :: josé ramón ladra
  • Los miembros de la Intervención General del Estado confirman que no se dio a los accionistas una «imagen fiel» de la entidad en 2009 y 2010

Los dos miembros de la Intervención General del Estado que analizaron las cuentas del Banco de Valencia de 2009 y 2010 por encargo de la Fiscalía Anticorrupción han ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que los balances no ofrecían «una imagen fiel». Con estas comperecencias se inicia la ronda de declaraciones de los peritos de este organismo y del Banco de España por la causa que investiga por presunta falsedad contable a más de veinte exdirectivos y exconsejeros de Banco de Valencia, entre ellos el expresidente de esta entidad, de Bancaja y también del Consell, José Luis Olivas; el también expresidente del banco, Aurelio Izquierdo; el ex consejero delegado Domingo Parra; los exvicepresidentes Antonio José Tirado y Celestino Aznar, además del resto de consejeros y el auditor de Deloitte, Miguel Monferrer.

Durante la comparecencia, las defensas han orientado su estrategia a hacer partícipe de las culpas al Banco de España, por no actuar contra el consejo del banco en 2009 y 2010, aunque en 2011 terminara BFA-Bankia pidiendo la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Sin embargo, el informe que elaboraron los peritos fue a partir de la documentación en poder del Banco de España y ratifica que se produjo «una distorsión de la imagen de la entidad presentadas en las cuentas».

Según los cálculos de este organismo, siguiendo los de los inspectores del Banco de España, en las cuentas de 2009 faltó una provisión de 169 millones de euros para hacer frente al riesgo de los créditos fallidos que se estaban produciendo en el sector de la promoción y construcción, así como el resto del tejido productivo.

Ese ejercicio, la entidad presentó unos beneficios de 132 millones y unos ratios de morosidad y solvencia «mucho más favorables» de lo que eran en realidad, según la Intervención. De hecho, estos peritos han ratificado que la entidad tendría que haber cerrado aquel año con unas pérdidas de 86,23 millones, por lo que se corrobora que las cuentas que se presentaron desde la entidad en 2009 «no reflejarían la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Banco de Valencia al 31 de diciembre de 2009».

Así, la situación se prolongó en 2010 y es ahí donde la Intervención General del Estado carga responsabilidades a los consejeros. Ya que estas cuentas se presentaron después de las revisión hecha por el Banco de España de las cuentas del año anterior, y tras las que se demandó tomar medidas para recapitalizar la entidad y corregir desajustes. De hecho, advierten que la inclusión de esas correcciones y medidas necesarias en las cuentas del año siguiente «no puede ser fruto de deficiencias o errores contables», señalan.

Es más, esto lleva a concluir a los autores del informe que «respecto a la conducta de los responsables y el auditor de la entidad, bien no comparten los criterios de clasificación de riesgos y dotaciones» fijados por el Banco de España «o bien, a pesar de ellos, han decidido no contabilizar las coberturas, lo que produce una distorsión» de los balances de la entidad. Así, la Intervención sólo da dos alternativas: la incompetencia o la mala fe.

Esta actitud llegó hasta 2011, cuando el consejo aprobó unas cuentas en el primer trimestre que alcanzaban unos beneficios de 16,7 millones de euro, frente a las pérdidas de 922 millones con las que cerró el ejercicio ya en manos del Frob y después de un mes y diez días desde su intervención.

El informe sobre de la Intervención sobre el Banco de Valencia se presentó en 2013, pero en esas fechas ya se había elaborado otro en 2011 por parte de la Intervención General del Estado en BFA (matriz de Bankia y accionista de control del banco). Este informe reconoció de forma expresa que no se observaba «factores o circunstancias acaecidas durante el ejercicio 2011 que hagan pensar que el deterioro patrimonial del Banco de Valencia y que ha dado lugar a la intervención se hayan producido entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011».

Es más, para la Intervención, «existen indicios suficientes para entender que el repentino deterioro sufrido por los activos del Banco de Valencia durante el segundo semestre de 2011 se encontraban latentes en dichos activos en el cierre del ejercicio 2010», por lo que las cuentas representadas no se correspondían con la realidad.