Las Provincias

Las empresas familiares cargan contra el Consell por doblar el impuesto de sucesiones

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, en el acto sobre empresas familiares de APD. :: LP
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, en el acto sobre empresas familiares de APD. :: LP
  • La organización que las representa advierte que, lejos de incrementar la recaudación, puede rebajarla por el daño en la actividad económica

Al Consell se le ha abierto un nuevo frente con las empresas familiares valencianas. En este caso es a cuenta de la modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, recogidas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2017, y que duplica el coste fiscal de estos trámites y operaciones.

Aprovechando la celebración de una jornada con la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la presencia del conseller de Hacienda, Vicente Soler, el presidente del Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (Ivefa), José Bernardo Noblejas, advirtió que estos cambios emprendidos «afectarán muy negativamente a la empresa familiar valenciana», que es el 99% del total del tejido productivo de la Comunitat Valenciana.

El empresario insistió en que no se ha medido bien desde el ejecutivo regional el impacto que pueden llegar a tener estas medidas, «con una repercusión inmediata» en el proceso de generación de riqueza y puestos de trabajo. Aunque el empresario aseguró que desde la organización desconocen el efecto recaudador que se espera lograr el Consell, señaló que estiman que «será al revés, por el desánimo y la incidencia que va a tener en el desarrollo económico de la autonomía».

En la misma línea se manifestó el presidente de Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, descendiente de una larga estirpe empresarial, que señaló como la modificación de la Ley de Acompañamiento puede suponer «duplicar la carga impositiva». En su opinión, con este cambio «se pone en peligro la continuidad de la empresa familiar y puede descapitalizar las empresas», ya que ésta tiene tres retos principales: el primero, que estas compañías trabajan «con sentimientos»; el segundo, que es preciso «planificar el patrimonio familiar», y el tercero y más importante en su opinión, planificar la propia sucesión.

Después de estas apreciaciones, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, señaló en su intervención que «se ha creado una gran alarma socia», por una medida que relativizó. Así, aseguró que «no se ha cambiado la fiscalidad de las empresas familiares, sino que todo queda igual». Sin embargo, el responsable del Consell apuntó que, aunque se mantiene la bonificación del 95%, «se han hecho cambios para el restante 5%», intentando relativizarlos. Según el conseller, las pymes pondrán ver ampliada a más de 5 años sus ventajas fiscales y se permitirán bonificaciones para el segundo grado de parentesco. Lo que Soler sí ha reconocido en su integridad es que la bonificación para las herencias entre particulares se van a ver recortadas del 75 al 50%, «pero es un tema que no afecta a empresas», según aseguró, pese a sí hacerlo como en su patrimonio personal.

Diferencias territoriales

El conseller defendió que la Generalitat busca «premiar la eficiencia empresarial y los criterios objetivos frente al amiguismo que había con los anteriores gobiernos». Además, insistió en que «el presupuesto para 2017 contempla mejoras para las políticas industriales porque generan riqueza y sirven para financiar el estado del bienestar» y aseguró que las políticas industriales «se tienen que hacer desde el Gobierno junto a los empresarios porque no es verdad que la mejor política industrial es la que no existe».

La gestión del Impuesto de Donaciones y Sucesiones en España es competencia de las comunidades autónomas y existen notables diferencias entre unas y otras. Esto explica que la patronal valenciana CEV proponía en un reciente informe suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio -como ocurre en la Comunidad de Madrid, donde está bonificado al 100%- y extender los incentivos por donación o sucesión a familiares de tercer grado y directivos. También cuestionaba que, con la cesión de la recaudación, cada comunidad autónoma fije sus bonificaciones, «utilizándose, en muchas ocasiones, como arma política para atraer residentes».

Sin embargo, fue el presidente de la AVE quien criticó primero la decisión del gobierno autonómico hace unas semanas al considera que debía de tener en cuenta la administración que la fiscalidad «no agobie» a los empresarios y con ella se afecte a los fondos de la persona que herede la empresa y haga imposible hacer compatible asumirla y «poder pagar los impuestos».