Las Provincias

El juez Pedraz cita a once peritos para aclarar la quiebra del Banco de Valencia

Sede del extinto Banco de Valencia, actualmente propiedad de CaixaBank. :: irene marsilla
Sede del extinto Banco de Valencia, actualmente propiedad de CaixaBank. :: irene marsilla
  • El 7 de noviembre deben declarar dos inspectores de la Intervención General del Estado y en días siguientes, nueve del Banco de España

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a once peritos, dos de la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado el día 7 de noviembre y nueve del Banco de España los días 8, 10 y 14, dentro de la causa en la que investiga por presunta falsedad contable a más de veinte exdirectivos y exconsejeros de Banco de Valencia, entre ellos el expresidente de esta entidad, de Bancaja y también de la Generalitat, José Luis Olivas, el ex consejero delegado Domingo Parra y los exvicepresidentes Antonio José Tirado y Celestino Aznar.

Se trata de la pieza principal sobre la quiebra del Banco de Valencia, de un total de trece de las que la Audiencia Nacional ha archivado al tres hasta la fecha, como publicó LAS PROVINCIAS, y parte de la querella presentada en 2012 por la Asociación de pequeños accionistas Apabankval contra la cúpula de la entidad -27 personas físicas y jurídicas- por delitos societarios, falsedad contable en su vertiente agravada y administración desleal, abusiva y fraudulenta. En mayo, la causa fue declarada compleja por la «ingente cantidad» de perjudicados e investigados y de documentación a examinar, como las cuentas de la histórica entidad intervenida por el Banco de España a finales de 2011 y adjudicada a CaixaBank por un euro un año después y las actuaciones de inspección del órgano supervisor.

Con esa decisión, solicitada por fiscalía con la adhesión posterior de la Abogacía del Estado y Apabankval, el juez prorrogó la investigación 18 meses, hasta junio de 2017, para practicar «diligencias esenciales» y también por el elevado número de investigados, «más de veinte, todos pendientes de prestar declaración».

Medio año después, las comparecencias de los peritos arrancarán con la citación el día 7 de los dos inspectores de la Unidad de Apoyo de la Intervención General de Administración del Estado, adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, que firmaron un informe emitido en agosto de 2013, después de que el juez ampliase la imputación de trece exconsejeros y el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer, a los que investigaba por supuestas irregularidades -a raíz de la querella de Apabankval, que él asumió ese mismo año-, para atribuirles otro delito de falsedad contable, a sumar al relativo a las cuentas de 2010. Para hacerlo, se basó en un informe previo de la Intervención General del Estado, en el que se analizan las cuentas de 2009, aprobadas por el consejo en enero de 2010 y que el auditor validó en febrero.

Junto a Olivas, Parra, Tirado, Aznar y el auditor, completan la relación de imputados los exconsejeros Agnés Noguera, Manuel Olmos, José Segura, María Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada, Silvestre Segarra, Pedro Muñoz y Federico Michavila. A todos ellos se les atribuyen delitos societarios, falsedad contable en su vertiente agravada y administración desleal, abusiva y fraudulenta.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 señaló en su día que estos 14 imputados «deben dar explicaciones sobre la diferencia de cálculo de provisiones existente entre las cuentas aprobadas y revisadas» y los que realizaron los inspectores del Banco de España.

Ahora, tras las declaraciones de los miembros de la Intervención General del Estado, será el turno de los técnicos del Banco de España que efectuaron las inspecciones encomendadas a la institución, como máximo órgano de supervisión bancaria. En una providencia, el magistrado cita a nueve inspectores a lo largo de los días 8, 10 y 14 de noviembre, todos ellos en calidad de perito-testigo, por su doble condición de autores de esos informes y de testigos de las revisiones practicadas.

Déficit de provisiones

El Banco de España, según el informe de la Intervención General del Estado en el que se basó el juez, detectó «numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y, particularmente, en la toma de decisiones sobre refinanciaciones con objeto de evitar el traspaso de saldos a la calificación de dudosos y la indebida calificación contable de muchos de ellos, estimándose un déficit de provisiones específicas de 177 millones de euros». Por este motivo, Pedraz creyó «pertinente y necesario ampliar la inicial imputación de falsedad contable - por las cuentas de 2010- al ejercicio anterior».