Las Provincias

El expresidente de Bancaja, a su llegada a los juzgados. :: d. torres
El expresidente de Bancaja, a su llegada a los juzgados. :: d. torres

Los peritos de Hacienda afirman que Olivas no prestó ningún servicio a Cotino

  • Un inspector de la Agencia Tributaria: «¿Qué asesoramiento técnico iban a hacer sobre energía con la formación que tienen?»

valencia. Segunda jornada del juicio al expresidente de Bancaja José Luis Olivas y a su mujer por facturar un supuesto asesoramiento al empresario Vicente Cotino en la venta de unas acciones que generaron unas plusvalías de 39 millones de euros. Los inspectores de Hacienda insistieron ayer en que no hubo servicio alguno para los intereses de una filial de Sedesa, la empresa del sobrino del expresidente de Les Corts, Juan Cotino. Y, por tanto, esa factura de 580.000 euros no se podía desgravar.

Los expertos de la Agencia Tributaria aclararon que se reunieron con Endesa (la compradora final de las acciones) y con Iberdrola (firma que realizó una primera oferta vinculante) y ambas empresas rechazaron que Olivas, su mujer o la firma de ambos (Imarol) participara en alguna gestión. No se niega que existieran conversaciones entre Olivas y el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán -no se presentó ayer en el juzgado pese a estar citado- pero sí que eso fuera realmente el trabajo pagado. «¿Cómo se va a hacer una gestión si no habla con la parte compradora?», reflexionó el perito.

El argumento de la ausencia de asesoramiento resulta todavía casi más convincente. «¿Cuál iban a prestar los acusados con la formación que tienen?». Olivas es abogado y su esposa farmacéutica. El asunto sobre el que debían aconsejar era la energía eólica. Hacienda sostiene que como el servicio no se prestó la factura no es deducible. Dos son las teorías que apuntan los funcionarios acerca de por qué se hizo realmente esa factura. O bien era un regalo o bien respondía a otro servicio que no podrían revelar. Se desconoce qué.

El expresidente de Bancaja se enfrenta a tres años de cárcel. Hacienda desveló ayer que detectaron una operativa similar tres años más tarde, con facturas a otra empresa por servicios de publicidad y asesoramiento comercial. El importe, unos 300.000 euros. En aquel caso, la cantidad defraudada no superaba los 120.000 euros , límite a partir del cual se activa la causa penal. Este asunto se encuentra recurrido y pendiente de la decisión del Tribunal Superior de Justicia.

La revelación más importante de la primera jornada del juicio fue la de la mujer de Olivas al admitir que firmó un informe en 2013 cuando estaba fechado en 2008 para enviárselo a Hacienda y justificar que sí se habían hecho los trabajos en cuestión. «Un intento a la desesperada» por vestir la gestión. Es más, desde Hacienda recordaron que durante aquella inspección se les reclamó información «hasta en siete ocasiones» y no atendían los requerimientos. La operación investigada consiste en la venta final a Endesa, por 39,3 millones de euros, del 25 % que Sedesa tenía en Proyectos Eólicos Valencianos (Pevsa) y también del 20% que conservaba Bancaja. La primera oferta llegó de Iberdrola donde el propio Olivas era miembro del consejo de administración.