Las Provincias

El FROB ha denunciado pelotazos por 3.600 millones en la banca rescatada

  • El organismo, personado en 24 causas, mantiene en estudio tanto la fusión de Bankia con BMN como su privatización de forma individualizada

Tener el control efectivo de hasta una decena de entidades nacionalizadas en los últimos años le ha servido al Estado para descubrir operaciones irregulares en el seno de algunas de las antiguas cajas de ahorros del sistema. Tal ha sido la relevancia de los claroscuros hallados que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha trasladado 47 prácticas llevadas a cabo en esas corporaciones a la fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada.

El presidente de este organismo público -el habilitado por el Gobierno como herramienta para canalizar la salvación de parte de la banca-, Jaime Ponce, desveló ayer en la Comisión de Economía del Congreso lo que habrían supuesto estas actuaciones sospechosas: «Un perjuicio económico» de 3.587 millones.

Desde que se constituyó el Fondo, en mayo de 2013, se han revisado 90 operaciones dudosas de las entidades en las que el FROB ha ido asumiendo la propiedad, aunque con posterioridad se haya ido desprendiendo de algunas de esas participaciones. Casi la mitad se encuentran en manos de la Justicia por usos de la banca relacionados «con el tráfico inmobiliario y las prácticas retributivas», según Ponce. Unos pelotazos sobre los que el FROB no ha dudado en actuar.

La última de estas actuaciones está relacionada con los antiguos gestores de Bancaja y Caja Madrid. El pasado mes de marzo, el FROB envió 10 operaciones a la Justicia, con un impacto patrimonial de 1.503 millones, esto es, un 40% de todo el perjuicio calculado de las nacionalizadas. Además, en julio del año pasado se remitieron otras cinco operaciones relacionadas con Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedés, con un daño de 175 millones.

El FROB «se ha personado en 24 causas penales de las que 20 se han iniciado por denuncia de este organismo», aclaró Ponce, bien ante la fiscalía o mediante las propias entidades durante el periodo que fueron administradas por el Estado.

Un 8% recuperado

Jaime Ponce cuantificó también la cuantía de las ayudas concedidas por la Administración Pública al sector financiero español. Al final, han sido 58.996 millones, entre las ayudas directas aportadas para la recapitalización y las garantías otorgadas en varios procesos. En cualquier caso, hasta ahora sólo se han recuperado 4.837 millones, un 8% del total.

Ante estas magnitudes, los grupos parlamentarios plantearon al presidente del FROB cuál sería la cantidad que el Estado reintegraría del rescate financiero. Después de reconocer que lo que se ha salvado es «exiguo», Jaime Ponce asumió que sería imposible determinar a día de hoy esa cantidad.

Es más, Jaime Ponce anticipó que el Estado no podrá determinarlo «lógicamente» -apuntó- hasta que no se conozca el importe de la venta final de las participaciones públicas» en BFA-Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN). Porque se trata del «elemento sustancial» al que se enfrenta el FROB.

Ponce aclaró que «sería imprudente decir cuál es el precio al que se va a vender» un grupo como Bankia, además de «difícil de estimar». Se refirió a la «volatilidad del mercado» como causa por la que no se puede asegurar ninguna cantidad. «La capitalización de Bankia era ayer de 8.700 millones, y hace un año era un 58% superior», apuntó.

Lo que sí dejo abierto fue el abanico de posibilidades que existen para privatizar tanto Bankia como BMN. «Estamos estudiando si es más viable si hacerlo conjunta o individualmente», apuntó. Esto es, apostar por una fusión entre ambas entidades, como había anunciado el FROB a finales del mes pasado; o por una venta de cada una de ellas de forma separada. Ambas opciones «deben estudiarse con idéntica profundidad y propósito», aclaró.

En cualquier caso, el organismo se encuentra a la espera de adjudicar el contrato para la firma que le asesore sobre estas operaciones de privatización, cuyo nombre se conocerá a corto plazo, aunque el FROB no actuará hasta que no se constituya un Gobierno definitivo, con un plazo máximo legal que expira el 31 de diciembre del próximo año.