Las Provincias

El Consell ignora las alegaciones de Puerto Mediterráneo y lo aboca a los tribunales

Simulación virtual de Puerto Mediterráneo, el complejo comercial y de ocio proyectado en Paterna por Intu Eurofund. :: lp
Simulación virtual de Puerto Mediterráneo, el complejo comercial y de ocio proyectado en Paterna por Intu Eurofund. :: lp
  • La Generalitat archiva definitivamente el proyecto pese a que sus impulsores le exigen que revoque la memoria ambiental por arbitraria

Los promotores del macrocentro comercial y de ocio Puerto Mediterráneo, que preveía una inversión de 863 millones de euros y la creación de 6.000 puestos de trabajo en Paterna, deberán acudir a los tribunales si quieren evitar que el proyecto acabe en un cajón. Tras cuatro años de tramitación y 46 informes favorables, la Conselleria de Obras Públicas que dirige la socialista María José Salvador dictó ayer la resolución definitiva que archiva el proyecto, declarado Actuación Territorial Estratégica (ATE) en 2013 por el anterior Consell, según indicaron a LAS PROVINCIAS fuentes de este departamento.

Esta resolución denegatoria era el último paso que faltaba para enterrar esta actuación, una vez emitida la memoria ambiental desfavorable de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat. Se da la circunstancia de que ayer se conocieron también las alegaciones que Intu Eurofund, promotora del complejo, presentó el viernes contra ese dictamen y pidió a Obras Públicas que lo revoque por «erróneo y arbitrario desde el punto de vista jurídico, vulnerando los principios de seguridad jurídica y confianza legítima con la administración».

No obstante, desde Obras Públicas aseguran no tener constancia de ese escrito y trasladan a este periódico que, en cualquier caso, «las alegaciones están fuera de procedimiento y sólo cabe la vía judicial», al tratarse de una disposición administrativa, y no de un acto administrativo que pueda ser recurrido en alzada antes de acudir a los tribunales.

En su escrito de alegaciones, desde Intu señalan que las formulan de manera preliminar, sin perjuicio de las que pueda realizar posteriormente, ni de «los recursos que legalmente procedan» para defenderse ante lo que consideran una «actuación arbitraria e injustificada en la tramitación y en el malintencionado análisis técnico efectuado de la ATE».

Según los inversores, la Comisión de Evaluación que preside el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro (Els Verds), realizó un análisis «desafortunado, equivocado y tergiversado» y emitió una memoria desfavorable «sin atender debidamente al contenido de toda la documentación presentada por los promotores», ni tampoco a los cerca de 50 informes favorables recabados. Y cuestiona, a modo de ejemplo, que se ponga de manifiesto la existencia de los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar -como órgano competente-, favorables en cuanto a la suficiencia hídrica, y que «posteriormente, al contrario de ello, se venga a disponer deliberadamente que no habría recursos hídricos suficientes y que no se garantizaría la disponibilidad total de los recursos».

Desde Intu mantienen que el acuerdo de los técnicos y responsables de Medio Ambiente y de Urbanismo que integran la Comisión de Evaluación contraviene tanto el acuerdo «ejecutivo, definitivo y firme» por el que el Consell declaró la ATE, como «pilares jurídicos tales como la interdicción de la arbitrariedad, la legalidad, la seguridad jurídica y la confianza legítima».

A su juicio, «la memoria ambiental se extralimita al incorporar aspectos funcionales, territoriales o ambientales que nunca se tuvieron en cuenta en el informe de compatibilidad por el que el Consell declaró la ATE » y «volver a valorar cuestiones técnicas que ya obtuvieron el informe favorable de numerosas administraciones afectadas». Además, recalcan que esta evaluación «es preceptiva pero no vinculante».

Desde Obras Públicas, por su parte, aducen que «es determinante» y «no puede apartarse del contenido de este informe preceptivo» y recuerdan los informes desfavorables de Movilidad y de Fomento, «totalmente subsanable», según el delegado del Gobierno. También aseguran que «en todo el proceso se ha seguido el máximo rigor técnico y jurídico» y citan proyectos que acabaron anulados como Marina D'Or Golf, el PAI de Porxinos, Nou Mil·leni, Rabasa o Ciudad de la Luz.