Las Provincias

El Gobierno dará «todas las facilidades» para salvar Puerto Mediterráneo

Juan Carlos Moragues, ayer con Salvador Arenere (Eurofund). :: lp
Juan Carlos Moragues, ayer con Salvador Arenere (Eurofund). :: lp
  • Moragues afirma que el informe de Fomento al que el Consell achaca su rechazo «contiene aspectos totalmente subsanables»

valencia. Los impulsores de Puerto Mediterráneo, el macrocentro comercial proyectado en Paterna por Intu Eurofund, sumaron ayer el respaldo del delegado de Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, quien les garantizó que el Ejecutivo estatal «va a dar todas las facilidades para que se creen los más de 5.000 puestos de trabajo directos en Paterna y sus proximidades» prometidos.

Ese apoyo, que se une a los recabados esta semana por parte de los presidentes de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, y de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, cobra especial relevancia porque la Generalitat achaca su rechazo ambiental al proyecto a dos informes negativos sobre los accesos, uno de ellos del Ministerio de Fomento.

Sobre ese documento, del que la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, aseguró que «es demoledor», Moragues manifestó ayer que contiene «aspectos totalmente subsanables» y los promotores «están dando ya solución» a esas cuestiones, según le trasladó Salvador Arenere, de Eurofund.

El que fuera conseller de Hacienda cuando este proyecto fue declarado Actuación Territorial Estratégica (ATE), indicó que «en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha sido clara e informó favorablemente en febrero de 2015». Según Moragues, el Ejecutivo estatal «está haciendo todo lo que está en sus manos para dar luz verde a este importante proyecto que genera muchísimo empleo».

En cualquier caso, ayer no todo fueron buenas palabras sobre Puerto Mediterráneo. La portavoz del Consell, Mónica Oltra, defendió que Salvador «no puede hacer otra cosa» que tumbarlo definitivamente porque «no es cuestión de opinión, sino de legalidad», y no seguir informes vinculantes «sería prevaricar». Para el secretario general de CC OO PV, Paco Molina, este proyecto «generaría desigualdad y arrasaría el comercio local».