Las Provincias

La patronal exige al Consell seguridad jurídica para no ahuyentar inversiones

El presidente de la patronal de la provincia de Valencia, Salvador Navarro, en la sede de la CEV. :: Jesús Montañana
El presidente de la patronal de la provincia de Valencia, Salvador Navarro, en la sede de la CEV. :: Jesús Montañana
  • Navarro (CEV) critica la «sombra de sospecha» y el «inadmisible parón administrativo» sufrido por Puerto Mediterráneo en los últimos meses

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) exigió ayer al Consell y a los diferentes gobiernos y administraciones «un marco de absoluta seguridad jurídica» para atraer inversiones a la Comunitat, «y no sombras de sospecha» como las creadas, a su juicio, por los responsables públicos en relación al macrocentro comercial proyectado por Intu Eurofund en Paterna, que preveía una inversión superior a 800 millones de euros y quedó visto para sentencia la semana pasada al recibir una memoria ambiental desfavorable por parte de la Generalitat.

Al igual que hicieran hace unos días desde el fondo impulsor, asociado a la patronal de Valencia, el presidente de la organización, Salvador Navarro, criticó ayer la deriva de la tramitación del proyecto, declarado Actuación Territorial Estratégica (ATE) por el anterior Consell en enero de 2013 y que, desde entonces, ha visto cómo un proceso administrativo que «en ningún caso debía superar los dos años de tramitación» se dilataba hasta doblar ese plazo y, «en los últimos meses», sufría además «un parón administrativo inadmisible para cualquier empresa o proyecto inversor». «En este tiempo, tres administraciones diferentes, local, autonómica y central, han validado los trámites preceptivos y emitido 46 informes favorables, hasta que hace unos días se conocía la memoria desfavorable de la Comisión de Evaluación Ambiental», sentenció Navarro.

En este sentido, cuestionó «la maraña burocrática y administrativa y la injustificable dilación de los plazos, que ejerce también de elemento desincentivador» entre quienes se plantean realizar inversiones en la Comunitat. Además de reclamar «una gestión administrativa más ágil, objetiva y previsible», Navarro hizo hincapié en que «la seguridad jurídica es un factor básico en la toma de decisiones de inversión».

Al respecto, argumentó que «el riesgo asociado a la inseguridad jurídica actúa como elemento disuasorio para cualquier tipo de proyecto empresarial, provocando la pérdida de inversiones, actividad, empleo y riqueza». «Es este impulso económico a iniciativas inversoras lo que requiere ahora la Comunitat para consolidar la senda de recuperación sostenible, y no la sombra de la sospecha manifestada de forma más o menos explícita desde los ámbitos políticos competentes, zanjó.

Estas manifestaciones se suman a las realizadas esta misma semana por el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, que lamentó la pérdida de los más de 6.000 puestos de trabajo que prometían los impulsores de Puerto Mediterráneo y culpó al mestizaje del Gobierno valenciano del portazo al proyecto, todavía pendiente de la resolución definitiva por parte de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, liderada por el PSPV y que convive en la Comisión Ambiental con Medio Ambiente, controlada por Compromís.

La inestabilidad y los riesgos en términos de seguridad jurídica preocupan al empresariado valenciano, consciente de que esos factores dificultan el desarrollo de la actividad económica y alejan automáticamente a cualquier inversor. Cabe resaltar en este punto que, como publicó LAS PROVINCIAS, la inversión extranjera se hundió un 73% en la Comunitat en el primer año de gobierno del Consell, al atraer 217 millones entre julio de 2015 y junio de este año, frente a los 814 que captó los doce meses anteriores.

A la seguridad jurídica, precisamente, aludió la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, para defender la tramitación de los «dos melones heredados» del PP: Puerto Mediterráneo e Ikea Alicante.

Dos días después de que el presidente Ximo Puig comentase que el complejo proyectado en Paterna podría «reconsiderarse» si se hace «de otra manera», Salvador dio al traste con las escasas esperanzas que pudieran albergar a estas alturas sus impulsores, al adelantar que su resolución estará «en sintonía» con el dictamen ambiental desfavorable.

«Seguridad jurídica, rigor e informes técnicos; aquí no se han tomado ningún tipo de decisiones políticas, se han tomado decisiones en el marco de una serie de informes», recalcó, para después incidir en que «la vía de la ATE está finiquitada» y cualquier nueva tramitación se hará ya mediante un plan parcial o a través de los nuevos Programas Integrados de Economía Sostenible.