Las Provincias

Las empresas culpables de corrupción podrán ser condenadas al cierre

La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, junto a otros ponentes de la jornada. :: manuel molines
La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, junto a otros ponentes de la jornada. :: manuel molines
  • Los fiscales subrayan el perjuicio reputacional derivado de los procesos penales y prefieren que se repare el daño a pedir la liquidación

La nueva regulación del código penal, en vigor desde julio de 2015, ha puesto en alerta a todo el colectivo empresarial. Ahora, las condenas por corrupción o delitos económicos a administradores, representantes legales y mandos intermedios pueden conllevar el cierre de la empresa. «Se ha criminalizado demasiado a las empresas porque, hasta 2015, quienes podían ser imputados eran trabajadores y directivos de manera particular, no la empresa», explica a LAS PROVINCIAS Juan Manuel Badenas, catedrático de Derecho Civil. También preside el Instituto Interuniversitario de Calidad y Buenas Prácticas, que realizará un estudio para «ver si es verdaderamente interesante para el desarrollo económico la penalización de las personas jurídicas».

En una jornada celebrada el jueves en Paterna, se abordó la conveniencia de que una empresa en España pueda ser condenada por vía penal en los casos más graves, no sólo administrativa como hasta 2010 y como sucede aún en Alemania o en Italia.

«Ahora se añade responsabilidad penal y la posibilidad de sentar a la empresa en el banquillo, por lo que la imagen pública queda mucho más dañada», afirma Badenas, que compartió mesa redonda, moderada por la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, con los fiscales anticorrupción Vicente Torres y Pablo Ponce y con Juan Francisco García Cuesta, abogado especialista en Derecho de la Empresa y Derecho Penal.

En sus intervenciones, repasaron los cambios introducidos en la normativa, siguiendo el modelo anglosajón, e incidieron en el daño reputacional que sufren las mercantiles inmersas en procesos penales, que en ocasiones les lleva a su desaparición porque «nadie quiere hacer negocio con ellas», algo que a su juicio no tuvo en cuenta el legislador.

Las condenas sobre las empresas por delitos cometidos directa o indirectamente van desde multas hasta el cierre, pasando por la imposición de un interventor que vigile a la firma condenada o el parón de la actividad hasta cinco años. No obstante, tanto Badenas como Ponce recalcaron que no persiguen la liquidación de la compañía, sino que colabore y repare el daño causado. «No queremos disolver a la persona jurídica, sino sanciones económicas y que haya colaboración y, sobre todo, una cultura de reparación del daño», recalcó Ponce, que opina que «el verdadero daño es verse involucrado en un proceso penal».

Vicente Torres, por su parte, destacó el «olvido por lo menos un tanto sospechoso» de la malversación de caudales públicos en el listado de delitos imputables, pese a que «no faltan sentencias que condenan a personas físicas y jurídicas por malversación, como colaboradores».

Ante la preocupación expresada por pymes, también hizo un llamamiento a la calma, mientras que Badenas aconsejó incidir en la prevención e implantar un modelo de cumplimiento adaptado a su realidad. «Tienen que tenerlo, aunque sean tres folios», constató Pablo Ponce.