Las Provincias

Empresarios y políticos piden a la cúpula de Coepa que liquide la organización

El presidente de Coepa, Francisco Gómez, y el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, el pasado mes de agosto . :: ALEX DOMINGUEZ
El presidente de Coepa, Francisco Gómez, y el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, el pasado mes de agosto . :: ALEX DOMINGUEZ
  • La denuncia de fraude en ayudas públicas agrava los problemas de la entidad, que solicita el perdón del 95% de lo que debe

La Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa) debe «plantearse seriamente si hasta aquí ha llegado» y, decidir si empieza «a crear una nueva patronal» que ponga fin a las batallas judiciales de la actual organización. De este modo, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, dijo en público el martes algo que muchos empresarios y patronos han trasladado en privado a distintos miembros de la cúpula de la organización.

En este paso ha sido clave el hecho de conocerse la denuncia presentada el pasado cuatro de agosto por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) contra la Coepa por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, frustración de la ejecución e insolvencia punible por las ayudas para la construcción de un centro de formación.

Por el momento, los contactos empresariales han sido extraoficiales, «a título personal», señalan. Además, diversos patronos confían en que «en Alicante se haga lo que no hay más remedio que hacer», que es la liquidación de la organización, actualmente en concurso de acreedores. De hecho, en el plan de reestructuración patronal que fusionará la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) con la autonómica Cierval ya se puso la venda antes de la herida, al provisionarse los 688.877 euros que suman el impago de la deuda que mantiene con la regional tanto Coepa como la castellonense CEC, en preconcurso.

«Esta situación no se puede alargar más y la propuesta de convenio que se aprobó el lunes no tiene posibilidades de prosperar», señalan fuentes empresariales, no tanto por Cierval como por el resto de acreedores. La razón está en que la junta directiva de Coepa ha planteado una quita de deuda del 95% e insiste en que el IVF acepte el centro de oficios en dación en pago.

De prosperar esa alternativa, la entidad que saliera del trance se las tendría que ver con la causa judicial abierta por el Servef, si esta es aceptada y acaba llevando ante los tribunales a los responsables de la gestión de la organización.

Alicante, resiste

Pero una cosa es que se transmita el mensaje y otra distinta que desde Alicante se siga ese consejo. De hecho, el propio presidente de Coepa, Francisco Gómez, reconocía tras conocerse la denuncia que no piensa dar su brazo a torcer, pese a «los intentos desde Valencia» por llevarles a la quiebra. De hecho, no faltan voces desde el empresariado alicantino que atribuyen la situación a una conspiración que buscaría acallar las voces provinciales en favor de la capital, con el supuesto respaldo además del Consell, a través de la Secretaría Autonómica de Empleo de la Consellería de Economía, y el IVF, en la Conselleria de Hacienda, a cuyos responsables se sitúa en el ámbito del PSPV.

En ese relato, encajaría el plan de rescate por parte de la saneada CEV de la económicamente maltrecha Cierval (aunque esté lastrada por los 476.267 euros en cuotas impagadas de Coepa y los otros 212.610 que adeuda CEC). Igualmente, se apunta en esta nómina de agravios la exigencia por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de la devolución del crédito que la entidad concedió en 2006 por un importe de tres millones de euros y cuyo plazo de ejecución se lleva aplazando años hasta el pasado mes de marzo.

El ultimo paso en es te proceso sería la denuncia del Servef, que ya se personó como acreedor al concurso de la organización. La denuncia advierte de la existencia de un descuadre de 2,04 millones cuyo destino se desconoce y que correspondería a la diferencia entre los 6,8 millones que la organización recogió en ayudas públicas para el centro del que sólo se han justificado 4,7 millones.

Además, la denuncia suma a todo esto el incumplimiento de las condiciones bajo las que el servicio de empleo concedió a la entidad ayudas por 1,9 millones de euros, además de la presunta utilización fraudulenta de facturas duplicadas para justificar 2,1 millones de euros en subvenciones del servicio público de empleo y también para la obtención y el desembolso de parte del préstamo de tres millones de euros que el IVF concedió a la organización para el mismo fin.

El Servef aporta el listado de estas facturas, que fueron emitidas por la empresa Constructora Hormigones Martínez entre 2005 y 2010, llegando a ser su presidente, Rafael Martínez Berna, máximo responsable de Coepa entre 2009 y 2011, en la fase final de la obra. Martínez Berna terminaría dimitiendo por pactar precios en concursos públicos con otras empresas y está siendo investigado en el caso Gürtel.