Las Provincias

La patronal intenta convencer a Alicante y a Castellón de que cedan su poder a los sectores

valencia. El plazo dado por la patronal autonómica Cierval para reformar su modelo -31 de octubre- se acerca y, con él, crece la urgencia de convencer a las patronales de Alicante (Coepa) y de Castellón (CEC) de que respalden la hoja de ruta propuesta, que implica ceder el poder de las provinciales a los sectores.

Sin los votos favorables de las tres provinciales, no hay reestructuración posible, ya que la modificación de estatutos planteada exige el acuerdo de las tres cuartas partes de la Asamblea General de Cierval -en la que la CEV ostenta un 41,33%, Coepa un 32,33% y la CEC un 26,33%-.

El Comité Ejecutivo de Cierval examinó ayer la marcha del proceso que expuso en junio su presidente, José Vicente González, y que tiene como hito fundamental la fusión con la CEV, la única saneada, para salvarse del concurso. Sólo el entonces presidente de la CEC, José Roca, y su número dos, Rafael Montero, se opusieron a trabajar sobre el borrador y buscar un consenso antes de noviembre. Alicante se abstuvo.

Desde Cierval ya han remitido a los dirigentes provinciales el borrador de los nuevos estatutos, redactado por un consultor externo, y la ejecutiva acordó ayer que, en las próximas semanas, los cuatro dirigentes patronales negociarán las posibles modificaciones para someterlas después a la aprobación de sus respectivos órganos de gobierno.

Todo ello, a la espera del informe de asesores externos sobre las consecuencias económicas y legales de la fusión entre CEV y Cierval, que debe estar listo, como tarde, para el comité y la junta del 20 de octubre, según indicaron a LAS PROVINCIAS fuentes conocedoras del proceso.

Mientras, la prioridad de sus impulsores es evitar el bloqueo por parte de Alicante, en concurso de acreedores y con intención de pedir una quita del 95% de la deuda, y Castellón, en preconcurso y a cargo de una gestora tras la dimisión de su cúpula, lo que podría allanar el terreno.

Ambas se resisten a ceder peso en favor de Valencia, que insiste en que el poder recaerá en las federaciones sectoriales y en las empresas que se asocien -con un tope del 30%-, a razón de «una cuota, un vocal».