Las Provincias

Los tasadores del edificio Apple, absueltos de falsear las valoraciones

Edificio que alberga la tienda de Apple en Valencia. :: irene marsilla
Edificio que alberga la tienda de Apple en Valencia. :: irene marsilla
  • La Audiencia Provincial de Valencia tumba la denuncia de uno de los expropietarios, que tuvo que compensar con 15 millones a sus hermanos

Los peritos Ramón José Cercos y José Francisco Morell, a quienes un expropietario del conocido como edificio Apple de la calle Colón de Valencia acusaba de falsear las tasaciones que realizaron del inmueble, han sido absueltos del delito de falso testimonio por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, junto a las empresas Arquitasa y Aseguradora Asemas.

Ambos profesionales, representados por el despacho Gómez Tejedor, valoraron el inmueble en 36 y 32 millones de euros, respectivamente, y eso hizo que el expropietario que después los llevaría ante los tribunales tuviera que compensar a sus hermanos con cerca de 15 millones de euros, por decisión judicial, por haber «recibido de más» en la herencia que se repartieron.

El edificio fue vendido por 18 millones a RL30 Inversiones un año después, en noviembre de 2009, y tras su restauración integral, cambio de usos y alquiler a Apple por 1,39 millones de euros anuales, en 2013 pasó a manos de Pontegadea, la patrimonial de Amancio Ortega, dueño de Zara, por 23,5 millones.

En el procedimiento civil iniciado en 2006 para determinar las compensaciones que correspondían a los cuatro herederos, intervinieron Ramón José Cercos, de Arquitasa, contratado por una de las partes, y el perito judicial José Francisco Morell, que valoró el inmueble en 32 millones, cifra que acogió la sección octava de la Audiencia de Valencia para calcular la indemnización que debía pagar el denunciante, a quien sus padres donaron el edificio con el compromiso de compensar a sus tres hermanos por los excesos de valor.

Fue entonces cuando el afectado denunció la falsedad de las tasaciones de los peritos, a quienes acusaba de «actuar influidos por una de las partes», y aportó grabaciones realizadas por un detective privado.

En el juicio celebrado en julio, la fiscal declaró que los acusados no incurrieron en delito alguno, dictamen que comparte la sección cuarta de la Audiencia. En su sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación, afirma que «ni siquiera sospecha ha podido encontrar en la actuación de los acusados».

El tribunal declara «nula e irrelevante» la grabación aportada, subraya el «malicioso silencio» del denunciante al ocultar un precontrato con H&M, le acusa de «intentar engañar al juez con valoraciones absolutamente ridículas» y de exigir dos millones de indemnización sin probar el daño y le impone las costas.